• Geopolítica

    W3C: CUANDO LOS ESTÁNDARES DICTAN LA POLÍTICA

    El W3C (World Wide Web Consortium) es el arquitecto invisible de la Web: define los lenguajes y protocolos que usamos a diario y, con ellos, las formas en que millones de personas acceden, crean y comparten información. Su imagen de neutralidad técnica y cooperación abierta convive con un hecho incómodo: convertir decisiones políticas sobre comunicación, privacidad y competencia en “estándares” supuestamente apolíticos. En ese tránsito, un puñado de grandes plataformas y élites técnicas fijan el rumbo de la infraestructura digital global.

    La gobernanza por “consenso”, la membresía de pago y el trabajo en grupos altamente especializados elevan barreras de entrada que favorecen a quienes tienen músculo financiero y plantillas de ingenieros. La llamada “soft law” de los estándares termina operando como ley dura: lo que el W3C aprueba se convierte en norma de facto para navegadores, servicios y dispositivos. También pesan incentivos que anclan el statu quo —como políticas de patentes “royalty-free” diseñadas para maximizar adopción por parte de incumbentes— y la coordinación con otros consorcios técnicos que actúan como un gobierno digital sin urnas.

    Las consecuencias se sienten en la capa social: marcos de “privacidad” que legitiman modelos de extracción de datos mediante avisos y cookies; capacidades del navegador (geolocalización, acceso a cámara/micrófono, almacenamiento) desplegadas como mejoras de experiencia, pero útiles para vigilancia y perfiles invasivos; y una preferencia estructural por arquitecturas centralizadas que consolidan plataformas, frente a alternativas descentralizadas que devolverían soberanía a usuarios y comunidades.

    Reequilibrar exige abrir la caja negra: representación real de usuarios y actores públicos, evaluaciones de impacto social y de competencia antes de estandarizar, compatibilidad obligatoria con privacidad por diseño, y una agenda explícita para protocolos descentralizados e interoperabilidad fuerte. Si no, seguiremos confundiendo “técnico” con “neutral”: los estándares continuarán decidiendo, de forma silenciosa, cuestiones que deberían debatirse políticamente.

  • Geopolítica

    OCDE: CONOCIMIENTO “TÉCNICO” Y HEGEMONÍA NEOLIBERAL

    La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) funciona como un club selecto de economías avanzadas que convierte preferencias ideológicas en “mejores prácticas” universales. Su prestigio académico y la liturgia del consenso proyectan neutralidad, pero tras esa fachada actúa un mecanismo de estandarización global: pertenecer (o aspirar a pertenecer) al club induce a gobiernos a alinear sus agendas con el paradigma que la organización legitima —competitividad, liberalización y disciplina fiscal— incluso antes de ser miembros.

    El poder real no está en comunicados públicos sino en engranajes de “soft law”: producción de informes que se presentan como conocimiento superior, sistemas de revisión por pares que ejercen presión política sin coerción formal y redes de expertos que, formados en marcos ortodoxos, retornan a sus países como multiplicadores ideológicos. La financiación y el peso de las grandes economías —con EEUU como mayor contribuyente— orientan prioridades y consolidan una Secretaría intensiva en economistas, donde la liberalización se asume como axioma.

    Ese dispositivo se acopla con otras instituciones, amplificando su alcance: guías, estándares y “policy know-how” viajan con condicionalidades de bancos de desarrollo y planes país, trasladando al Sur global un recetario que no siempre calza con sus estructuras productivas. El resultado político-social es visible: flexibilización laboral, privatización de servicios, austeridad pos-2008 y desregulación financiera que socializaron pérdidas y profundizaron desigualdades, también dentro de varios miembros del propio club.

    En términos geopolíticos, la OCDE opera como centro de persuasión que despolitiza decisiones distributivas, presentándolas como inevitables. Reequilibrar exigiría pluralizar los marcos analíticos, someter sus recomendaciones a evaluación independiente ex post (impacto social y productivo, no solo eficiencia), y dotar de voz efectiva a países no miembros afectados por sus estándares. Mientras eso no ocurra, la organización seguirá siendo una palanca de hegemonía ideológica más que un foro neutral de cooperación para el desarrollo.

  • Geopolítica

    OMC: CONSENSO COERCITIVO Y CAMISA DE FUERZA COMERCIAL

    La OMC se presenta como árbitro neutral del comercio mundial, pero actúa como el brazo jurídico-comercial de un modelo que prioriza la liberalización indiscriminada. Bajo el “consenso”, las potencias con mayor músculo técnico y económico imponen agendas que los países más pequeños apenas pueden resistir sin quedar fuera del sistema. El resultado es una gobernanza donde las reglas —no discriminación, previsibilidad, apertura— se convierten en límites duros al margen de maniobra para políticas industriales, agrícolas y de servicios orientadas al desarrollo nacional.

    El Mecanismo de Solución de Diferencias consolida esta arquitectura: paneles tecnocráticos pueden anular decisiones democráticas en nombre de los acuerdos, y la regla del consenso negativo hace casi automática su adopción. En la práctica, el sistema disciplina a quienes intentan proteger sectores estratégicos o regular servicios esenciales. La asimetría es patente en la agricultura: mientras se exigía a países en desarrollo abrir y desubsidiar, las grandes economías conservaron fuertes apoyos internos por vías compatibles con las normas, inundando mercados y erosionando capacidades productivas locales.

    El AGCS extendió la lógica al terreno de los servicios, empujando privatizaciones y aperturas en telecomunicaciones, agua, educación o salud, con beneficios para grandes operadores transnacionales. Cuando el formato multilateral se atasca (Doha), las potencias migran a acuerdos bilaterales o regionales más presionantes; y cuando los fallos no les convienen, se bloquean órganos clave (parálisis del sistema de apelación), evidenciando que el “multilateralismo” es condicional al interés de los dominantes.

    Reequilibrar exigiría devolver espacio de política: trato especial y diferenciado vinculante (no decorativo), cláusulas de interés público para servicios esenciales, simetría real en disciplinas sobre subsidios agrícolas e industriales, y salvaguardas para estrategias de desarrollo e industrialización tardía. Sin ese giro, la OMC seguirá operando como camisa de fuerza que estandariza la apertura y traslada riqueza y poder de negociación desde el Sur hacia los campeones del comercio global.

  • Actualidad,  Economía,  Geopolítica

    A LAS PUERTAS DE LA ISO 20022

    Dentro de unos pocos días el mundo de los bancos cambiará radicalmente. El sistema bancario dejará de utilizar el sistema Swift conocido, para migrar a un sistema de mensajes diferente y universal; se abandona el sistema MT para las transferencias internacionales para pasar al sistema MX, un formato más enriquecido.

    Y, y es lo peor, tokenizable. Es decir, se están dando los pasos previstos de cara a la implementación de las divisas electrónicas, las famosas CBDC.

    Hablo de ellas en una entrega de la serie Preguntas con respuestas que puedes encontrar en la tienda. A efectos prácticos no ocurrirá nada; es más, lo más probable es que no nos enteremos y que todo siga aparentemente igual.

    Pero la ventana de Overton sigue

  • Geopolítica

    BANCO MUNDIAL: DESARROLLO CONDICIONADO Y ARQUITECTURA DE DEPENDENCIA

    Presentado como motor del “desarrollo”, el Banco Mundial replica la anatomía de poder del FMI: voto ponderado, silla asegurada para los grandes accionistas y una presidencia tradicionalmente estadounidense. Desde Washington —y en sincronía con el FMI— fija el marco de juego: los cinco principales accionistas pueden coordinar posiciones y orientar préstamos, políticas y presupuestos país. La fachada cooperativa encubre una gobernanza oligárquica que traduce poder financiero en poder normativo.

    Su influencia no se limita a financiar obras. A través de sus instrumentos (IPF, PforR y DPF) interviene en reglas, marcos regulatorios y diseños administrativos, empaquetando agendas como “mejores prácticas”. Privatizaciones, liberalización, integración en cadenas globales y reformas institucionales se vuelven requisitos técnicos más que opciones políticas, con frecuencia abriendo mercados y contratos a corporaciones del Norte Global. Bajo la etiqueta de “sostenible”, promueve esquemas de mercantilización ambiental (p. ej., mercados de carbono) que trasladan costos al Sur mientras aseguran nuevos nichos financieros.

    Los resultados son ambivalentes: sí, se levantan carreteras, hospitales o redes de agua; pero a menudo acompañados de dependencias tecnológicas y financieras, debilitamiento de capacidades locales y deterioro del tejido productivo (especialmente agrícola) por liberalizaciones que desplazan a pequeños productores. La simbiosis con el FMI cierra el círculo: disciplina macro de corto plazo y moldeamiento “desarrollista” de largo plazo, con acceso a financiamiento y cooperación condicionado al cumplimiento del mismo guion.

    La creciente búsqueda de alternativas (AIIB, NDB de los BRICS, fondos soberanos, swaps) muestra que, cuando hay opciones sin condicionalidad política, muchos países las prefieren. Reequilibrar exigiría rediseñar la gobernanza (menos veto de facto, más representación del Sur), condicionalidad con salvaguardas sociales y productivas, compras y contenido local como regla, y evaluación ex post independiente y pública de impactos reales. Sin ese giro, el Banco Mundial seguirá operando más como arquitecto de dependencia que como aliado de un desarrollo genuinamente autónomo.

  • Geopolítica

    FMI: LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL RESCATE

    El FMI se presenta como el engranaje multilateral de la estabilidad financiera, pero su arquitectura concentra el poder real en pocas manos. La Junta de Gobernadores funciona como fachada representativa, mientras el Directorio Ejecutivo —apenas un puñado de sillas— decide el día a día. El sistema de cuotas lo vertebra todo (aportes, acceso a recursos, poder de voto), consolidando una representación sobredimensionada del Norte Global y un poder de bloqueo de facto para las principales potencias. El resultado: una gobernanza oligárquica con apariencia universal.

    La influencia del Fondo se ejerce a través de la condicionalidad: programas que exigen reformas fiscales, monetarias y regulatorias alineadas con el conocido consenso de Washington. Lo que se presenta como “técnico” es profundamente político: privatizaciones, liberalización financiera y disciplina fiscal priorizan la estabilidad de acreedores y mercados sobre el tejido productivo y social de los países deudores. La ubicación, redes y cultura económica dominante del organismo refuerzan ese sesgo: recomendaciones empaquetadas como neutralidad experta que despolitizan decisiones de alto impacto distributivo.

    En las crisis, la pauta se repite: protección del sistema financiero y socialización de pérdidas, con el coste trasladado a salarios, empleo y servicios públicos. La condicionalidad del FMI, además, actúa como puerta de acceso (o cierre) a otros flujos de financiación, multiplicando su capacidad de presión. La infrarrepresentación del Sur Global, la inercia en las reformas de cuotas y la selección de liderazgos consolidan un statu quo que se resiste a reflejar la nueva realidad económica. No es casual que varios países exploren alternativas (acuerdos de swaps, bancos de desarrollo regionales, BRICS) para escapar de esa camisa de fuerza.

    Reequilibrar el tablero exigiría rediseñar la gobernanza (desacoplar voto de aportes, limitar vetos), introducir cláusulas sociales mínimas en la condicionalidad, compartir cargas con los acreedores privados (bail-ins), abrir los modelos y supuestos a escrutinio independiente y garantizar evaluación ex post de impactos reales. Mientras eso no ocurra, el FMI seguirá operando menos como garante de estabilidad global y más como herramienta de disciplina macroeconómica al servicio de quienes ya mandan en el sistema.

  • Geopolítica

    PMA: DEL SOCORRO VITAL A LA PALANCA GEOPOLÍTICA DEL HAMBRE

    El PMA (Programa Mundial de Alimentos) es, a la vez, un salvavidas y un actor de poder. Nacido como programa experimental y convertido en la mayor organización humanitaria del planeta, su capacidad logística salva millones de vidas en sequías, guerras o catástrofes. Pero su arquitectura de gobernanza —dependencia total de aportes voluntarios y agenda modulada por grandes donantes— traslada el centro de decisiones fuera de cualquier control democrático real. Quien financia condiciona dónde, cómo y con qué criterios se distribuye la ayuda, y puede usarla como instrumento de política exterior.

    La escala de intervención (más de 150 millones de personas atendidas) otorga al PMA una influencia que rivaliza con bancos de desarrollo: marcos regulatorios, procedimientos y diseños de distribución se ajustan a estándares externos, a menudo por encima de capacidades locales. La transición a transferencias monetarias masivas añade otra capa: no solo alivian urgencias, también reconfiguran economías domésticas, patrones de consumo y estructuras familiares —frecuentemente focalizadas en mujeres como titulares— conforme a modelos “óptimos” definidos desde fuera. El resultado puede ser doble: eficiencia inmediata, pero también homogeneización social.

    El coste oculto aparece en el medio y largo plazo. La ayuda alimentaria sostenida puede erosionar mercados locales y desincentivar la producción agrícola, como ilustra Haití; en conflictos, la logística humanitaria llega a coordinarse con dispositivos militares, y los “alimentos por trabajo” rozan la instrumentalización económica de poblaciones vulnerables. A esto se suman riesgos sistémicos: recortes bruscos de donaciones, desvíos y fraude en entornos de débil control, y la alineación creciente con FMI/Banco Mundial que convierte la asistencia en palanca de condicionalidad económica.

    Reequilibrar este modelo exige anclar la emergencia a estrategias de salida: compras locales y regionales que fortalezcan productores, cláusulas “anti-dependencia” con plazos y metas medibles, trazabilidad pública en tiempo real de fondos y beneficiarios, auditorías con participación comunitaria, y cortafuegos frente a usos militares o políticos de la cadena alimentaria. Sin estos contrapesos, el PMA seguirá salvando vidas hoy mientras consolida mañana un ecosistema de dependencia que deja la seguridad alimentaria en manos de agendas externas.

  • Geopolítica

    ACNUR: ENTRE LA EMERGENCIA Y LA GESTIÓN GEOPOLÍTICA DEL DESPLAZAMIENTO

    ACNUR opera en un estado de emergencia casi permanente: decenas de crisis simultáneas, con picos de máxima gravedad, lo convierten en un actor imprescindible para salvar vidas. Su triple eje —protección, asistencia y “soluciones” (repatriación, reasentamiento, integración)— permite responder con rapidez donde fallan los Estados. La organización distribuye ayuda vital (alimentos, agua, refugio, atención médica) y coordina esfuerzos internacionales que marcan la diferencia en Sudán, Siria o Afganistán cuando la supervivencia inmediata está en juego.

    Pero esa eficacia humanitaria convive con una dimensión sistémica más ambigua. ACNUR gestiona las consecuencias de un orden internacional que produce desplazamientos —guerras proxy, sanciones, colapsos estatales— sin capacidad real para atacar sus causas. Su financiación voluntaria y la necesidad de mantener relaciones con los mismos gobiernos que alimentan las crisis crean dependencias: se prioriza la administración del “síntoma” sobre la resolución estructural. Además, las “soluciones” tienen límites evidentes: el reasentamiento cubre a menos del 1% de los refugiados, la repatriación suele devolver a contextos no transformados y la integración local traslada costes a países de tránsito con recursos escasos.

    El poder de condicionamiento también es real. Estándares y marcos promovidos por ACNUR presionan a los Estados receptores a adoptar leyes, procedimientos y políticas de integración alineados con referencias internacionales más que con capacidades nacionales. En paralelo, la asignación de atención y recursos revela sesgos geopolíticos: algunos éxodos reciben trato preferente frente a otros de igual o mayor gravedad. La ampliación del fenómeno con los desplazamientos climáticos expone otra limitación: el mandato legal de ACNUR nació para conflictos y persecución política, no para crisis ambientales de escala creciente.

    El balance, por tanto, es dual. ACNUR salva vidas y es insustituible en la fase aguda de las emergencias; pero también opera como engranaje de un sistema que externaliza los costes humanos de decisiones geopolíticas. Reequilibrar esa tensión exige transparencia radical en la financiación, métricas de impacto que vayan más allá del conteo de entregas, mayor corresponsabilidad de los Estados que generan inestabilidad y vías reales —no testimoniales— para soluciones duraderas. Sin ello, el número de desplazados (ya en máximos históricos) seguirá creciendo, y la respuesta humanitaria continuará administrando el daño en lugar de reducirlo.

  • Geopolítica

    UNICEF: INFANCIA, PODER Y REINGENIERÍA SOCIAL

    UNICEF ha pasado de la ayuda de emergencia a un activismo programático capaz de moldear marcos legales y políticas públicas bajo la legitimidad moral de la protección infantil. Su arquitectura híbrida —Junta Ejecutiva intergubernamental, pero comités nacionales autónomos en los países más ricos— le permite combinar relato multilateral con músculo de lobby doméstico, incidir en agendas legislativas y financiar operaciones en terceros países. La dependencia total de aportes voluntarios refuerza esa palanca: quien financia orienta prioridades, ritmos y metodologías.

    El vector de influencia se presenta como neutralidad técnica: “derechos de la infancia”, asistencia para diseñar políticas, indicadores y estándares. En la práctica, esto se traduce en la adopción de marcos conceptuales que reconfiguran familia, escuela y relaciones intergeneracionales conforme a modelos específicos —y exportables—. La Convención sobre los Derechos del Niño funciona como gramática común que legitima auditorías de políticas nacionales y condiciona prioridades presupuestarias, mientras la red de oficinas y programas forma profesionales que internalizan y difunden ese enfoque en sistemas educativos y de protección social.

    El resultado geopolítico es un poder blando de alta capilaridad: presión coordinada desde oficinas regionales y nacionales, comités en países donantes que activan la incidencia política, y programas que se despliegan como “cooperación” pero actúan como vectores de homogeneización cultural. En contextos de austeridad o crisis, la organización puede cuestionar decisiones fiscales democráticamente adoptadas en nombre del interés superior del menor, desplazando el debate político hacia un terreno moral difícilmente contestable.

    Reequilibrar este ecosistema exige trazabilidad total de la financiación, separación nítida entre captación de fondos e incidencia normativa, participación vinculante de familias y comunidades en el diseño de programas, y evaluaciones de impacto cultural además de las operativas. Sin estos contrapesos, la protección de la infancia corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya para agendas sociales y educativas que no han pasado por el escrutinio democrático de las sociedades a las que pretenden servir.

  • Geopolítica

    UNESCO: PODER BLANDO Y SOBERANÍA CULTURAL

    La UNESCO se presenta como un árbitro técnico de consensos globales en educación, ciencia y cultura, pero opera cada vez más como un vector de ingeniería social. Bajo una fachada de neutralidad multilateral, ha ido consolidando una maquinaria de estandarización que fija “mejores prácticas” y “estándares” con efectos directos sobre currículos, métodos y políticas culturales nacionales. El resultado es una asimetría: decisiones con impacto profundo en identidades y sistemas educativos se toman en foros lejanos a la deliberación ciudadana.

    En la gobernanza, el verdadero centro de gravedad no es la retórica participativa de la Conferencia General, sino un Consejo Ejecutivo profesionalizado y alineado con agendas dominantes. A ello se suma una financiación dual: cuotas obligatorias modestas y un volumen creciente de aportes voluntarios —públicos y privados— dirigidos a programas concretos. Quién financia puede orientar prioridades y tempos, desplazando el control de los Estados hacia donantes con intereses propios, sin el escrutinio democrático que exigiría una política pública nacional.

    El condicionamiento se ejecuta por la vía “técnica”: asistencia para el planeamiento educativo, redes de comisiones nacionales, oficinas de terreno y centros especializados que difunden marcos conceptuales y herramientas de gestión. Estas estructuras forman élites y administraciones con una visión convergente sobre “calidad” y “eficiencia”, fabricando consensos que legitiman la privatización, la mercantilización y la homogeneización pedagógica como si fueran soluciones neutras y universales.

    El saldo geopolítico es nítido: erosión de la diversidad cultural y educativa real, debilitamiento de la autonomía curricular y fiscal de los Estados, y refuerzo de un paradigma occidentalizado presentado como universal. Si se busca reequilibrio, harían falta tres anclajes: trazabilidad total de financiamiento y conflictos de interés; participación vinculante de comunidades educativas locales en el diseño de programas; y evaluación independiente del impacto cultural, no solo del desempeño administrativo. Sin estos contrapesos, la UNESCO seguirá operando como un sofisticado instrumento de poder blando más que como garante de la pluralidad cultural.

  • Geopolítica

    OMS: PODER SANITARIO SIN CONTRAPESOS

    La OMS funciona con una asimetría de origen: menos de una quinta parte de su presupuesto proviene de cuotas obligatorias controladas por los Estados; el resto son aportes “voluntarios” de gobiernos, fundaciones y alianzas público-privadas. Esa arquitectura invierte la lógica democrática: quien financia de forma discrecional orienta prioridades, ritmos y temas, y puede retirar fondos si la agenda no encaja con sus intereses. En la práctica, grandes donantes privados y partenariados del ecosistema farmacéutico han ganado un peso que supera al de la mayoría de países miembro.

    Ese poder se traduce en capacidad de condicionar políticas nacionales bajo el ropaje de recomendaciones “técnicas”. La pandemia amplificó el fenómeno: medidas de confinamiento, mascarillas, distancias y calendarios vacunales se implementaron como mandatos incuestionables. Ahora, el “Acuerdo sobre Pandemias” consolida marcos vinculantes y una coordinación con FMI y Banco Mundial que puede activar condicionalidad financiera: salud pública convertida en palanca de gobernanza global. Paralelamente, la creación de mecanismos como GAVI, Fondo Mundial, CEPI o COVAX —con fuerte impronta de la industria— permite operar fuera del control directo de la OMS, pero con su sello de legitimidad.

    El resultado geopolítico ha sido especialmente duro para el Sur global: economías informales devastadas por cierres prolongados, dependencia de compras centralizadas y barreras de propiedad intelectual que frenaron la producción local. La narrativa “única” sobre estrategias y orígenes, sumada a la descalificación de debates científicos legítimos, estrechó el pluralismo crítico necesario en una crisis de alta incertidumbre. A esto se añaden tensiones de la propia descentralización (como en la OPS), donde agendas regionales y presiones de financiadores erosionan la coherencia global.

    Si la OMS aspira a recuperar legitimidad, necesita reequilibrar su gobierno: elevar el peso de las cuotas no condicionadas, publicar contratos y beneficiarios finales en tiempo real, levantar cortafuegos entre donación privada y fijación de agenda, garantizar auditorías de impacto independientes con datos abiertos y proteger el disenso científico como bien público. Sin esos contrapesos, la salud global seguirá orbitando alrededor de chequeras y no de parlamentos.

  • Geopolítica

    EL PODER ASIMÉTRICO DE LA ONU

    Nacida como foro de cooperación intergubernamental, la ONU ha cristalizado una arquitectura de poder profundamente asimétrica. El corazón real está en el Consejo de Seguridad y, dentro de él, en los cinco miembros permanentes con derecho de veto, que institucionalizan el reparto de poder de 1945. La Asamblea General opera como legitimación simbólica: “un país, un voto” sin capacidad efectiva cuando el veto entra en juego.

    La financiación acentúa esa asimetría. Mientras el presupuesto ordinario requiere mayorías formales, la mayor parte del sistema se mueve con contribuciones voluntarias dirigidas a programas y agencias, alineando prioridades con los grandes donantes más que con decisiones colectivas. Así, quien paga orienta la agenda, incluso si pierde voto en la Asamblea por impagos: la influencia puede mantenerse por la vía de los fondos condicionados.

    El poder material se ejerce mediante sanciones, autorizaciones de uso de la fuerza, misiones de paz y un vasto ecosistema de agencias y fondos. Las sanciones actúan como guerra económica con efectos sociales profundos; la “responsabilidad de proteger” ha servido para legitimar intervenciones controvertidas; las operaciones de paz pueden cronificarse y modular soberanías; y la Secretaría —filtrada por el veto de los P5— maneja una burocracia transnacional sin control electoral directo.

    En paralelo, emergen polos alternativos (BRICS, OCS) que disputan el monopolio occidental de la gobernanza global, mientras las reformas propuestas en la ONU tienden a ser cosméticas si preservan el veto. El debate estratégico del siglo XXI pasa por aquí: limitar el poder de bloqueo, descondicionar la financiación, exigir trazabilidad y evaluación independiente, y devolver a los Estados —y a sus ciudadanos— la capacidad de control sobre decisiones que hoy se toman en un “sistema” que opera con legitimidad difusa.

    Etiquetas: geopolítica, ONU, Consejo de Seguridad, derecho de veto, gobernanza global, sanciones, financiación voluntaria, agencias de la ONU, soberanía, misiones de paz, BRICS, reforma institucional

  • Geopolítica

    GESTIÓN ALGORÍTMICA EN EL MERCADO LABORAL (V)

    Las plataformas digitales laborales, como Uber, Deliveroo o Amazon Mechanical Turk, usan algoritmos para asignar tareas, evaluar desempeño y controlar remotamente a trabajadores. Estas tecnologías permiten una flexibilización extrema del mercado laboral, pero simultáneamente reproducen relaciones asimétricas de poder en las que los trabajadores están permanentemente monitorizados y sometidos a evaluación cuantitativa opaca.

    Un análisis crítico evidencia que estos sistemas transforman la concepción del trabajo y la autonomía laboral, sustituyendo contratos sociales por relaciones algorítmicas que precarizan el empleo y diluyen responsabilidades patronales concretas. La racionalidad instrumental que impulsa la gobernanza algorítmica deshumaniza el ejercicio laboral y genera nuevas formas de explotación.

    Todos los ejemplos concretos que he propuesto a lo largo de estos días muestran cómo la gobernanza algorítmica constituye un espacio donde la teoría crítica sigue manifestándose vigorosamente a nivel planetario, poniendo en evidencia desafíos claves para la libertad, la justicia y la dignidad humana y, al mismo tiempo, revelan la urgencia de reflexiones críticas fundamentadas que contribuyan a diseñar políticas y tecnologías que respeten plenamente los derechos y valores humanos.

  • Geopolítica

    PODER FLOTANTE: OPACIDAD Y LOBBY EN LA GOBERNANZA SUPRANACIONAL

    Las organizaciones supranacionales se han consolidado como piezas clave del poder global, pero lo han hecho con una legitimidad democrática difusa. De ahí emerge un “poder flotante”: instancias que se presentan como prolongación de la soberanía estatal, aunque en la práctica responden a intereses transnacionales que superan —y a veces contradicen— las preferencias expresadas en las urnas. El resultado es un desajuste entre influencia real y control ciudadano efectivo.

    El motor de esta asimetría es financiero. La arquitectura de recursos mezcla fondos públicos, donaciones de fundaciones, aportes corporativos y circuitos offshore, creando capas de intermediación que oscurecen el origen del dinero y los potenciales conflictos de interés. En ese ecosistema, muchas ONG operan como lobbies de baja visibilidad y algunas instituciones intergubernamentales coordinan políticas con mínima rendición de cuentas, escudadas en procedimientos técnicos y en cadenas de intermediarios que diluyen responsabilidades.

    Sobre esa base crece una deriva tecnocrática y cultural: decisiones políticas se presentan como “técnicas”, desplazando el debate democrático, mientras ciertos programas actúan como vectores de “ingeniería social global”. Cuando una agenda encuentra resistencia en el ámbito nacional, reaparece por la vía supranacional: presiona desde fuera en materias sensibles —medio ambiente, derechos humanos, género— condicionando marcos legales y presupuestarios sin un mandato ciudadano claro.

    La respuesta exige método: seguir el rastro del dinero, mapear redes de influencia personal e institucional y medir impacto real sobre los procesos democráticos. Transparencia presupuestaria, trazabilidad de financiadores, evaluación independiente y límites al lobby encubierto son requisitos para reequilibrar la balanza. Sin estos contrapesos, la gobernanza global continuará acumulando poder en manos opacas, mientras la soberanía democrática se vuelve cada vez más nominal.

  • Geopolítica

    ¡HASTA SEPTIEMBRE!

    Llegados a este punto, haremos un alto en la publicación de las entradas de los «sábados geopolíticos».

    En septiembre reanudaremos la publicación de esta línea de estudio y reflexión con nuevo material y nuevos estímulos. Pero seguiremos publicando entradas diarias de los demás temas hasta final de mes…

    ¡Hasta entonces!

  • Geopolítica

    LOGÍSTICA, CHIPS Y GUERRAS DEL MAÑANA: LECCIONES DE LA NOVELA 2034 (6 de 6)

    Las cadenas de suministro no son neutrales; son “proyectos políticos” que rediseñan la geografía de la producción y, con ella, la estrategia militar. Así lo ilustra la novela 2034, donde un F‑35 sobre el estrecho de Ormuz es hackeado mediante semiconductores fabricados en Taiwán, forzando a EE. UU. a pelear sin su ventaja tecnológica ​.

    El episodio condensa una verdad incómoda: la supremacía militar de Washington depende de chips grabados en Hsinchu y de imanes fabricados con neodimio refinado en Jiangxi. Cuando esas cadenas se tensan, no basta con aumentar aranceles; hay que replantear la logística, la “ciencia marcial” que asegura combustible, munición… y silicio.

    De ahí la ofensiva de la Casa Blanca para mapear vulnerabilidades —baterías, fármacos, semiconductores y, sí, tierras raras— y la presión sobre socios europeos y del Indo‑Pacífico para tejer redes redundantes. Al mismo tiempo, China necesita cada vez más tierras raras para sus propios planes tecnológicos y militares, lo que limita el margen real de usar el embargo como arma definitiva ​.

    La moraleja es clara: quien domine la logística de los materiales críticos dominará el campo de batalla —físico o digital— del siglo XXI. Y esa carrera, a diferencia de los megahercios o los nanómetros, se libra al ritmo lento de nuevas minas, refinerías y puertos: una década de inversiones para evitar un día de pánico.

  • Geopolítica

    AUSTRALIA CONTRAATACA: LYNAS Y EL NUEVO TRIÁNGULO CANBERRA–KUALA LUMPUR–TEXAS (5 de 6)

    El mayor desafío al monopolio chino surge, paradójicamente, del hemisferio sur. Hace una década Australia no tenía ninguna mina operativa; hoy es el segundo productor mundial gracias al yacimiento de Mount Weld y a la empresa Lynas, que extrae en el desierto de Australia Occidental y refina en Malasia ​.

    Lynas no se detiene ahí. Con financiación del Pentágono construirá en Texas la primera planta de separación de tierras raras de Estados Unidos desde los años 80, aprobada en enero de 2021 ​. La operación persigue un doble objetivo: diversificar la oferta para industrias civiles —vehículos eléctricos, eólicos o electrónica de consumo— y blindar la base industrial de defensa norteamericana frente a un hipotético embargo chino.

    Esta estrategia encaja con la Supply Chain Resilience Initiative (Australia‑India‑Japón) y con la creciente cooperación Canberra‑Washington en materias estratégicas. El resultado es un triángulo que combina recursos australianos, capacidad química malasia y know‑how estadounidense, demostrando que la diversificación es posible cuando existe voluntad política y capital a largo plazo.

    Sin embargo, montar una cadena alternativa lleva años y miles de millones de dólares. Mientras las nuevas plantas alcanzan escala, la industria global sigue expuesta a los vaivenes de Pekín. Australia ofrece un camino, pero el reloj geopolítico corre más rápido que las perforadoras.

  • Geopolítica

    TIERRAS RARAS: EL AS BAJO LA MANGA DE CHINA (4 de 6)

    Que China aún dependa de Taiwán para el silicio no significa que se haya quedado sin palancas de presión. Pekín controla la extracción de 9 de los 17 elementos de tierras raras y refina 14 de ellos, lo suficiente para poner en jaque la producción global de cazas F‑35, submarinos nucleares o turbinas eólicas si decidiera cerrar el grifo ​.

    Ya lo insinuó en 2010, recortando un 37 % sus cuotas de exportación en pleno pulso con Japón por las islas Senkaku, y volvió a agitar el espectro en mayo de 2019, cuando el Diario del Pueblo avisó a Washington de que las tierras raras podían convertirse en “nuestra respuesta” arancelaria ​. En febrero de 2021 la prensa filtró que Pekín estudiaba vetar ventas a la industria de defensa estadounidense, aunque dos días más tarde elevó su propia cuota de producción un 27 % para calmar los mercados ​.

    El problema no es la escasez geológica —estos minerales abundan en Australia, Brasil o Vietnam— sino el cuello de botella industrial: la minería y, sobre todo, el costoso y contaminante proceso de refinado. Deng Xiaoping lo resumió en 1992: “Oriente Medio tiene petróleo; China, tierras raras”. Treinta años después, aquel cálculo sigue intacto.

    Si la hegemonía de los chips está en disputa, la de las tierras raras continúa siendo un arma silenciosa capaz de redibujar alianzas. Cada amenaza, por vaga que parezca, sacude las cadenas de suministro y recuerda a Occidente que la geopolítica no se juega solo en los laboratorios, sino también en el subsuelo.

  • Geopolítica

    RECONFIGURANDO LAS CADENAS: EE. UU., UE Y CHINA SE DISPUTAN EL SILICIO (3 de 6)

    Las carencias de 2020–2021 activaron la palanca política. En febrero de 2021, la Casa Blanca abrió una revisión de 100 días sobre cuatro cadenas críticas –semiconductores incluidos– para mapear vulnerabilidades y reducir la dependencia de China ​. Al mismo tiempo, endureció los controles de exportación que impiden a Huawei y otras firmas acceder a tecnología estadounidense a lo largo de toda la cadena, desde el software EDA hasta los equipos EUV.

    China, que consume más del 60 % de los chips del mundo pero produce una fracción, respondió con un plan quinquenal que eleva un 7 % anual la inversión en I+D y financia una nueva megafab de SMIC en Shenzhen por 2.350 M $ ​. Europa, por su parte, lanzó la “Brújula Digital 2030” con el objetivo de duplicar su cuota de fabricación del 10 % al 20 % y corteja a Intel y TSMC para instalar nodos avanzados en suelo comunitario, mientras protege su joya de la corona: ASML, el único proveedor mundial de EUV ​.

    El tablero se completa con iniciativas como la Supply Chain Resilience Initiative (Australia‑India‑Japón) o la propuesta de Consejo de Comercio y Tecnología UE‑EE. UU., todas orientadas a diversificar proveedores y blindar la transferencia de know‑how. Pekín lo ve como un cerco; Bruselas y Washington lo justifican como defensa de su seguridad nacional.

    Lo cierto es que la fabricación de un smartphone y la de un dron militar comparten la misma litografía de 5 nm. En un mundo donde la línea entre lo civil y lo militar se difumina, el control del silicio es también el control de la potencia. Los próximos años decidirán quién escribe –o graba en silicio– esa ecuación.

  • Geopolítica

    TAIWÁN Y EL CORAZÓN DE LA CADENA: TSMC ENTRE LA SEQUÍA Y LA GEOPOLÍTICA (2 de 6)

    En la ciudad taiwanesa de Hsinchu se fabrica prácticamente todo el silicio de 5 nm y 7 nm que impulsa nuestro mundo digital. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), pionera del modelo pure‑play foundry nacido en 1987, opera allí siete de sus catorce fábricas y comparte con solo dos rivales –Intel y Samsung– la capacidad de producir nodos por debajo de 10 nm ​.

    Esta concentración extrema es eficiente para la industria, pero un riesgo sistémico para la economía global. Un terremoto en 1999 subió de golpe el precio de la memoria DRAM y hundió las acciones de gigantes como IBM; hoy, cualquier incidente tendría un impacto exponencial ​. A ello se suma la peor sequía en 60 años: cada oblea necesita unos 10.000 L de agua ultrapura y TSMC consume 156.000 t diarias. Con embalses al 3–5 % de capacidad en 2021, el gobierno impuso recortes del 15 % y las fabs recurrieron a camiones cisterna ​.

    El agua no es el único vector de vulnerabilidad. El 90 % del equipamiento de fotolitografía ultravioleta extrema (EUV) procede de un único proveedor holandés, y la isla se encuentra en el centro del pulso geopolítico entre EE. UU. y China. No es casual que el Pentágono etiquete a los semiconductores como “infraestructura crítica” y que Washington busque relocalizar parte de la fabricación en territorio norteamericano.

    Para los responsables de política industrial, la lección es clara: diversificar la capacidad y reforzar la resiliencia, sin perder de vista que cualquier estrategia debe contar –y cooperar– con un actor que hoy es irreemplazable: Taiwán.

  • Geopolítica

    CHIP‑GEDDON: LA TORMENTA PERFECTA QUE VACIÓ LOS ALMACENES DE CHIPS (1 de 6)

    La paralización de líneas de montaje de automóviles, consolas y hasta cazas F‑35 puso bajo los focos un componente diminuto pero vital: el semiconductor. Desde finales de 2020, la demanda explosiva de dispositivos para teletrabajo y ocio digital chocó con una cadena de valor hiper‑especializada y frágil, desatando la llamada chip‑geddon ​.

    Detrás de cada chip hay miles de millones de transistores grabados sobre una oblea de silicio y tres grandes familias de productos: lógicos (CPU, Wi‑Fi), memorias (DRAM, NAND) y los discretos‑analógicos‑optoelectrónicos que traducen el mundo físico a bits ​. Producirlos exige fábricas –fabs– que cuestan más de 10.000 M $ incluso en su versión “económica”, una barrera de entrada que concentra la oferta mundial en pocas manos ​.

    Ese cuello de botella se agrava porque los chips son ya el cuarto producto más comercializado del planeta, un puesto alcanzado no por bajos aranceles, sino por la división geográfica de tareas: EE. UU. domina el I+D y el software de diseño, Corea y Taiwán lideran la fabricación de obleas avanzadas y China concentra el ensamblaje final ​. Cuando una parte se frena, toda la maquinaria mundial se detiene. El resultado ha sido una cascada de retrasos, alzas de precio y búsqueda frenética de capacidad adicional que todavía hoy repercute en sectores tan dispares como la automoción, las telecomunicaciones 5G o la producción de electrodomésticos. Sin ajustes estructurales, los analistas advierten de que la próxima disrupción podría estar a la vuelta de la esquina.

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    EL ROL DE ALEMANIA EN LA INICIATIVA DE LOS TRES MARES

    Aunque Alemania es un observador en la ITM, su papel en la seguridad energética europea es clave. Berlín ha mostrado reticencias hacia la ITM, en parte debido a su apoyo al proyecto Nord Stream 2, que refuerza los vínculos energéticos con Rusia. Esta postura genera desconfianza entre los países del Este, que ven el gasoducto como una amenaza para sus proyectos de diversificación.

    Después de lo acontecido durante la guerra entre Rusia y Ucrania, con la voladura del Nord Stream 2 (una acción que no ha sido reivindicada pero se supone que se llevó a cabo por Ucrania con el apoyo de Estados Unidos) la posición de Alemania varió sensiblemente, considerando que ahora se ve obligada a comprar el gas licuado a Estados Unidos.

    La ambigüedad de Alemania subraya la necesidad de una política energética comunitaria más robusta, que mitigue divisiones internas y fomente la independencia energética del bloque. Si bien la ITM representa una oportunidad para reducir la dependencia del gas ruso, su éxito dependerá de la capacidad de sus miembros para atraer inversiones y establecer alianzas estratégicas, con Alemania desempeñando un papel constructivo en este esfuerzo.

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    EL FUTURO ENERGÉTICO DE EUROPA: DIVERSIFICACIÓN Y COOPERACIÓN

    La diversificación de fuentes y rutas de suministro energético es fundamental para la seguridad de Europa. En este contexto, la ITM se propone desarrollar infraestructuras que faciliten la importación de GNL, como terminales en Polonia, Lituania y Croacia. Estas inversiones no solo refuerzan la seguridad energética, sino que también apoyan la integración económica de los países del Este con el resto de la Unión Europea.

    Sin embargo, los desafíos son significativos. La falta de un sistema energético común en Europa dificulta la coordinación de políticas y la inversión en infraestructura. Además, las desigualdades económicas entre los países miembros de la ITM complican el establecimiento de prioridades conjuntas. Para avanzar, será esencial una mayor implicación de la Unión Europea y el acceso a fondos como InvestEU, que podrían acelerar la creación de un mercado energético verdaderamente interconectado.

  • Geopolítica

    ESTADOS UNIDOS Y RUSIA: LA PUGNA POR LA ENERGÍA EN EUROPA DEL ESTE

    La seguridad energética europea está en el centro de una disputa geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, acentuada por el auge del gas natural licuado (GNL). Mientras Rusia mantiene una posición dominante a través de sus gasoductos, que suministran el 72% del gas natural europeo, Estados Unidos ha emergido como un importante exportador de GNL, representando el 22% de las importaciones europeas en 2020.

    La Iniciativa de los Tres Mares ofrece a Washington una oportunidad estratégica para contrarrestar la influencia rusa en Europa Central y del Este. Sin embargo, el éxito de esta alternativa energética está condicionado por factores como los elevados costes asociados al GNL y la competencia con otros proveedores como Qatar. Además, el avance del gasoducto Nord Stream 2, apoyado por Alemania, podría limitar la expansión del GNL estadounidense, planteando desafíos adicionales para la diversificación energética europea.

  • Geopolítica

    INICIATIVA DE LOS TRES MARES: UN FORO PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA

    La Iniciativa de los Tres Mares (ITM), creada en 2015 bajo el liderazgo de Polonia y Croacia, busca fortalecer la cooperación regional en Europa Central y del Este en áreas como la infraestructura, la digitalización y, especialmente, la seguridad energética. Este foro informal reúne a 12 países entre el Adriático, el Báltico y el Mar Negro, con la participación de Estados Unidos y Alemania como observadores.

    En el ámbito energético, la ITM se posiciona como una alternativa estratégica al gas ruso, impulsando proyectos de gas natural licuado (GNL) que reducen la dependencia de los gasoductos tradicionales. Sin embargo, su éxito depende de superar limitaciones como la falta de cohesión entre sus miembros y la insuficiente financiación del Fondo de Inversión de la ITM, estimado en más de 270.000 millones de euros. La implicación activa de actores externos como Estados Unidos podría ser crucial para fortalecer esta plataforma y garantizar su impacto geopolítico.

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    CHINA Y LA INICIATIVA DE LOS TRES MARES: ENTRE OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS (V)

    China considera a Europa del Este como un eslabón clave en su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. A través de inversiones en infraestructura y energía, busca conectar esta región con Europa Occidental, utilizando proyectos como el ferrocarril entre Belgrado y Budapest para facilitar el comercio.

    Aunque estas inversiones son vistas con buenos ojos por algunos países de la Iniciativa de los Tres Mares, también generan inquietudes en la Unión Europea y Estados Unidos. La influencia china en la región plantea preguntas sobre el equilibrio entre atraer inversiones necesarias y mantener una política alineada con los intereses occidentales.

    (Ideas a partir del artículo de Óscar Méndez Pérez publicado en ieee.es)

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    EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS EN LA INICIATIVA DE LOS TRES MARES (IV)

    Estados Unidos ha mostrado un interés estratégico en la Iniciativa de los Tres Mares, viéndola como una oportunidad para contrarrestar la influencia de Rusia y China en Europa del Este. Desde la venta de gas licuado hasta inversiones en energía nuclear, EE. UU. busca consolidar su presencia en la región y fortalecer sus alianzas con países como Polonia.

    La iniciativa también encaja en la estrategia estadounidense de dividir a la Unión Europea en torno a cuestiones energéticas y comerciales. Sin embargo, esta influencia podría generar tensiones internas en la UE, especialmente en relación con Alemania, que tiene sus propios intereses en el suministro energético.

    (Ideas a partir del artículo de Óscar Méndez Pérez publicado en ieee.es)

  • Geopolítica

    LA INFRAESTRUCTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO REGIONAL (III)

    La Iniciativa de los Tres Mares apuesta por transformar la infraestructura de transporte en Europa del Este. Proyectos como la Via Carpatia, que conectará Grecia con Lituania, y la vía Báltica, que enlazará Varsovia con Helsinki, buscan fomentar una red de comunicación eficiente y mejorar la integración económica regional.

    Además, se ha puesto en marcha la Digital Highway, un ambicioso plan de telecomunicaciones que incluye tecnología 5G y fibra óptica. Estas iniciativas no solo impulsan el comercio y la inversión, sino que también posicionan a los países miembros como un hub estratégico en Europa.

    (Ideas a partir del artículo de Óscar Méndez Pérez publicado en ieee.es)

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    INDEPENDENCIA ENERGÉTICA EN EUROPA DEL ESTE (II)

    Uno de los pilares de la Iniciativa de los Tres Mares es la seguridad energética. Países como Polonia y Croacia han construido plantas de regasificación para importar gas licuado de Estados Unidos, reduciendo así la dependencia del gas ruso. Sin embargo, esta transición no es uniforme; mientras algunas naciones priorizan la independencia energética, otras, como Hungría y Bulgaria, optan por enfoques pragmáticos basados en costos.

    La construcción de infraestructuras como gaseoductos y plantas nucleares es clave para avanzar en este objetivo. Estos proyectos no solo refuerzan la autonomía energética de la región, sino que también contribuyen a los compromisos climáticos de la Unión Europea al promover fuentes más limpias y sostenibles.

    (Ideas a partir del artículo de Óscar Méndez Pérez publicado en ieee.es)

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    LA INICIATIVA DE LOS TRES MARES: UNA REGIÓN INTERCONECTADA (I)

    La Iniciativa de los Tres Mares (I3M) agrupa a 12 países de Europa Central y del Este ubicados entre los mares Báltico, Negro y Adriático. Su objetivo principal es mejorar la conectividad regional mediante proyectos de infraestructura, energía y telecomunicaciones. Con una orientación norte-sur, busca reducir las desigualdades económicas entre Europa Oriental y Occidental y reforzar la cohesión europea.

    Además de ser una plataforma de cooperación regional, la I3M tiene implicaciones geopolíticas significativas, involucrando a potencias como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. Su apuesta por la independencia energética frente a Rusia, así como su apertura a inversiones externas, la convierten en un espacio clave para las dinámicas de poder global.

    (Ideas a partir del artículo de Óscar Méndez Pérez publicado en ieee.es)