Según la ONU, los ingresos anuales del crimen organizado transnacional alcanzan un billón de dólares, una cifra comparable al PIB de todos los países de bajos ingresos. Este poder económico permite a estas organizaciones influir en el sistema internacional, realizando operaciones de blanqueo de capitales y actuando en algunos casos como actores legítimos en el mercado mundial.
La implementación de políticas internacionales que combinen regulación económica y cooperación entre Estados es crucial para limitar su alcance. La lucha contra el crimen organizado no solo es una cuestión de seguridad, sino también una estrategia para garantizar un sistema económico global más justo y transparente.