Una de las tensiones más profundas en las democracias modernas es cómo equilibrar la libertad individual con el bienestar colectivo. En una democracia, el poder del Estado no solo debe garantizar la protección de los derechos individuales, sino que también debe velar por el bien común, lo que a menudo requiere intervenciones en la economía, la seguridad social y otros ámbitos. Las políticas públicas orientadas a la redistribución de la riqueza, la regulación del mercado o la protección de las minorías pueden ser vistas por algunos como un exceso, pero son esenciales para asegurar una convivencia justa y equitativa.
Por otro lado, los defensores del libertarismo argumentan que cualquier intervención estatal en la vida de los ciudadanos es una violación de la libertad individual. Según esta visión, el Estado debe limitarse a garantizar la seguridad y la justicia, evitando regulaciones que puedan interferir con las decisiones personales. Esta tensión entre libertad individual y responsabilidad colectiva plantea un debate constante sobre los límites del Estado y sobre cómo equilibrar los derechos individuales con las necesidades sociales. Encontrar ese equilibrio es crucial para construir una democracia que no solo respete la autonomía de los individuos, sino que también promueva el bienestar y la equidad en la sociedad.