Toda economía, ya sea analógica o digital, debería responder a una única pregunta ética: ¿está al servicio de la persona humana y del bien común? El desarrollo del euro digital y de sistemas de identidad digital solo será legítimo si se subordinan a este principio. No basta con que funcionen; deben respetar la dignidad de cada ser humano, promover la libertad real y fortalecer el tejido social.
El riesgo no está solo en el control o la vigilancia, sino en la deshumanización: que el ciudadano se convierta en un dato, el pobre en un problema logístico y el bien común en una estadística. Frente a esto, hay que recordar que la persona es más que su huella digital. Tiene conciencia, historia, vínculos, valores. Y todo sistema que ignore esto está condenado a convertirse, más tarde o más temprano, en herramienta de dominación.
Por eso, la subordinación de la tecnología al bien común no es una opción, sino una exigencia moral. Necesitamos repensar el diseño de nuestras herramientas desde la ética, no desde la eficiencia. Porque una economía digital que no puede garantizar libertad, justicia e inclusión no es un progreso: es una trampa. Y el verdadero futuro está en sistemas que liberen, no que condicionen; que respeten, no que manipulen.