Nacida como foro de cooperación intergubernamental, la ONU ha cristalizado una arquitectura de poder profundamente asimétrica. El corazón real está en el Consejo de Seguridad y, dentro de él, en los cinco miembros permanentes con derecho de veto, que institucionalizan el reparto de poder de 1945. La Asamblea General opera como legitimación simbólica: “un país, un voto” sin capacidad efectiva cuando el veto entra en juego.
La financiación acentúa esa asimetría. Mientras el presupuesto ordinario requiere mayorías formales, la mayor parte del sistema se mueve con contribuciones voluntarias dirigidas a programas y agencias, alineando prioridades con los grandes donantes más que con decisiones colectivas. Así, quien paga orienta la agenda, incluso si pierde voto en la Asamblea por impagos: la influencia puede mantenerse por la vía de los fondos condicionados.
El poder material se ejerce mediante sanciones, autorizaciones de uso de la fuerza, misiones de paz y un vasto ecosistema de agencias y fondos. Las sanciones actúan como guerra económica con efectos sociales profundos; la “responsabilidad de proteger” ha servido para legitimar intervenciones controvertidas; las operaciones de paz pueden cronificarse y modular soberanías; y la Secretaría —filtrada por el veto de los P5— maneja una burocracia transnacional sin control electoral directo.
En paralelo, emergen polos alternativos (BRICS, OCS) que disputan el monopolio occidental de la gobernanza global, mientras las reformas propuestas en la ONU tienden a ser cosméticas si preservan el veto. El debate estratégico del siglo XXI pasa por aquí: limitar el poder de bloqueo, descondicionar la financiación, exigir trazabilidad y evaluación independiente, y devolver a los Estados —y a sus ciudadanos— la capacidad de control sobre decisiones que hoy se toman en un “sistema” que opera con legitimidad difusa.
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