En varios países europeos, grupos ultranacionalistas se enfundan chalecos, levantan barricadas simbólicas y patrullan estaciones o pasos fronterizos para “defender la patria”. A diferencia de la policía, estos colectivos autodesignados carecen de formación, protocolos de uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas.
Su simple presencia armada proyecta un mensaje de exclusión: señalan a personas migrantes o de determinada fe como potenciales enemigos, normalizando el acoso y rompiendo la confianza entre vecinos. El Estado, que debería monopolizar la coerción legítima, queda cuestionado cuando tolera o impulsa estos despliegues, pues su silencio se interpreta como respaldo tácito a ideologías extremistas.
A largo plazo, las patrullas parapoliciales crean “zonas grises” donde la ley depende de simpatías locales. Sustituirlas requiere una policía cercana pero profesional, junto con políticas que atiendan la inseguridad real —falta de empleo, servicios y presencia institucional— que estos grupos suelen capitalizar.