La seguridad es necesaria. Sin seguridad, la libertad se vuelve frágil. Nadie vive plenamente libre si debe organizar su vida alrededor del miedo, si no puede confiar en la ley, si las víctimas quedan solas o si el espacio público pertenece al más intimidante. Pero esta verdad tiene una segunda cara que no conviene olvidar: no todo lo que se presenta en nombre de la seguridad protege realmente la libertad.
El miedo puede ser usado para ampliar poderes. Una sociedad asustada acepta con más facilidad medidas que en otro contexto examinaría con cautela: vigilancia masiva, controles digitales, censura preventiva, restricciones excepcionales o sistemas opacos de clasificación de riesgos. Algunas medidas de seguridad pueden ser legítimas y necesarias. Otras pueden terminar construyendo una sociedad menos libre.
El problema no es que exista autoridad. Una comunidad necesita autoridad legítima, normas aplicables, instituciones eficaces y capacidad de respuesta frente al delito, la violencia o el terrorismo. El problema aparece cuando la protección se convierte en control permanente, cuando la excepción se normaliza y cuando todos los ciudadanos empiezan a ser tratados como sospechosos potenciales.
La seguridad democrática necesita límites: transparencia, proporcionalidad, control judicial, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana. La eficacia no puede ser el único criterio. Una medida puede parecer útil y, al mismo tiempo, abrir la puerta a abusos futuros. La pregunta no es solo si una herramienta funciona, sino qué tipo de relación crea entre ciudadano y poder. Una sociedad madura debe exigir dos cosas al mismo tiempo: protección frente al daño y límites frente al poder. Seguridad sin ingenuidad, pero también seguridad sin totalitarismo. Nos protegemos para poder vivir, hablar, circular, educar, trabajar, rezar, discrepar y convivir; no para habitar una vida vigilada en nombre de una promesa imposible de riesgo cero.
Hoy la inseguridad no se vive solo en la calle. También se vive en la pantalla. Un robo, una agresión, una pelea o un conflicto vecinal pueden ocurrir en un lugar concreto, pero al circular en redes se convierten en símbolo de algo mucho mayor. A veces esa visibilidad ayuda a denunciar problemas reales. Otras veces los agranda, los deforma o los convierte en combustible emocional.
Un vídeo no siempre es una mentira, pero casi siempre es un fragmento. Muestra algo, pero no necesariamente el contexto. No siempre sabemos qué ocurrió antes, qué ocurrió después, quiénes son los implicados, si hay denuncia, si el caso es aislado o si forma parte de una tendencia. Sin embargo, la imagen produce una sensación poderosa: “lo he visto con mis propios ojos”.
Las redes premian la reacción rápida. El miedo, la rabia y la indignación circulan mejor que la prudencia. Un análisis matizado parece débil frente a un vídeo impactante. Pedir contexto puede parecer complicidad. Esperar información fiable puede parecer indiferencia. Así, poco a poco, el pensamiento crítico queda penalizado por la velocidad emocional del entorno digital.
Esto no significa que haya que callar lo que ocurre. Callar también alimenta rumores. La cuestión es aprender a compartir con responsabilidad. Antes de difundir un contenido sobre seguridad conviene preguntarse: ¿sé dónde y cuándo ocurrió? ¿Está verificado? ¿Se está señalando a una persona concreta o a un colectivo entero? ¿Informa o solo busca indignarme? ¿Ayuda a resolver algo o alimenta el conflicto?
La seguridad comunicativa forma parte de la seguridad social. Una comunidad que se informa mal sobre sus conflictos tendrá más dificultades para resolverlos. Hablar mejor, verificar más y compartir menos impulsivamente son también formas de cuidar la convivencia.
Cuando se habla de seguridad, solemos pensar en grandes cifras nacionales, terrorismo, crimen organizado o debates políticos de alto nivel. Sin embargo, para muchas personas la seguridad se juega en una escala mucho más concreta: la calle, la plaza, el portal, el comercio, el colegio, el transporte público o el parque donde antes jugaban los niños.
Los problemas pequeños rara vez son pequeños para quien los padece todos los días. Un robo menor puede parecer irrelevante en una estadística general, pero los robos repetidos pueden hundir a un pequeño comercio. Una plaza degradada puede no ser noticia nacional, pero puede modificar la vida de un barrio. Un grupo que intimida, un entorno escolar conflictivo o una zona donde los vecinos dejan de pasar a ciertas horas pueden cambiar profundamente la percepción de convivencia.
Aquí aparece lo que podríamos llamar seguridad de proximidad. No se trata solo de grandes delitos, sino de la confianza cotidiana en que el espacio común sigue siendo común. Cuando la gente empieza a evitar lugares, cambiar horarios, callar quejas o pensar que denunciar no sirve de nada, la seguridad se ha deteriorado aunque todavía no haya estallado una gran crisis.
Los ayuntamientos y las instituciones locales tienen un papel decisivo en este terreno. No siempre tienen todas las competencias, pero son la cara más cercana de la administración. Escuchar, reconocer, explicar, coordinar y actuar antes de que los conflictos se cronifiquen puede evitar que el malestar se convierta en resentimiento.
La convivencia no se protege ocultando tensiones, sino abordándolas con precisión. Tampoco se protege exagerando cada problema hasta convertir un barrio entero en símbolo de peligro. La seguridad local exige cercanía sin populismo, prudencia sin evasivas y firmeza sin estigmatización.
En muchos debates sobre seguridad aparece una contraposición aparentemente sencilla: por un lado están los datos, por otro las percepciones. Unos dicen que las cifras no justifican la alarma. Otros responden que las estadísticas no reflejan lo que se vive en la calle. Ambas posiciones pueden contener parte de verdad, pero se vuelven insuficientes cuando se usan para cancelar la otra.
Los datos son imprescindibles. Sin datos, el debate queda a merced del rumor, del caso aislado, del vídeo viral o de la manipulación interesada. Necesitamos saber qué delitos aumentan o disminuyen, dónde se concentran, qué tipos de víctimas aparecen, qué franjas horarias son más conflictivas y qué respuestas institucionales funcionan. Sin medición, solo queda impresión.
Pero las percepciones tampoco pueden despreciarse. Una media nacional puede ocultar deterioros locales. Una estadística general puede no explicar lo que ocurre en un barrio, una plaza, una línea de transporte o una zona comercial. Además, la sensación de inseguridad produce efectos reales: cambia rutinas, limita movimientos, reduce confianza y empuja a muchas personas a retirarse del espacio común.
El pensamiento crítico no debe elegir entre datos y experiencia, sino ponerlos en relación. A veces los datos corrigen miedos inflados. Otras veces las experiencias locales advierten de problemas que los datos agregados no captan bien. Lo importante es no usar las cifras para callar a quien sufre, ni usar el sufrimiento para deformar las cifras.
Una sociedad madura necesita ambos planos: datos para no ser manipulada por el miedo, y escucha real para no esconderse detrás de estadísticas frías. La seguridad empieza a pensarse bien cuando aprendemos a preguntar: qué ocurre, dónde ocurre, con qué frecuencia, cómo se mide, quién lo padece y qué parte del relato está siendo amplificada o silenciada.
Hay temas que una sociedad evita no porque sean irrelevantes, sino porque se han vuelto demasiado incómodos. La seguridad es uno de ellos. Preocupa a muchas personas, condiciona rutinas, modifica el uso de calles y plazas, afecta a familias, comercios y barrios, pero a menudo cuesta hablar de ella sin que el debate se rompa inmediatamente en posiciones extremas.
Por un lado, existe la tentación de negar el problema. Se habla de percepción, de exageración, de manipulación o de miedo inducido, como si toda preocupación ciudadana fuera necesariamente irracional. Por otro lado, existe la tentación contraria: convertir cada delito, cada conflicto o cada caso viral en síntoma de colapso social. Entre esos dos extremos desaparece lo más necesario: el juicio.
Pensar la seguridad exige precisamente recuperar ese espacio intermedio. No se trata de vivir asustados, ni de señalar culpables colectivos, ni de pedir soluciones autoritarias. Pero tampoco se trata de fingir que no ocurre nada cuando muchos ciudadanos perciben deterioros concretos en su entorno cotidiano.
La seguridad no es una obsesión menor. Es una condición práctica de la libertad. Quien no puede caminar tranquilo, denunciar sin miedo, usar el espacio público o confiar mínimamente en la respuesta institucional no vive plenamente libre. Pero esa misma seguridad debe estar siempre al servicio de la libertad, no convertirse en excusa para el control permanente.
Por eso necesitamos hablar de seguridad sin miedo. Sin miedo a reconocer los problemas reales y sin miedo a rechazar su explotación alarmista. La primera tarea del pensamiento crítico no es tomar partido de inmediato, sino aclarar conceptos para que la realidad pueda ser mirada sin propaganda.
La inteligencia artificial está dejando de ser una simple asistente para convertirse en una capa operativa del mundo digital. Cuando empieza a programar, auditar, detectar vulnerabilidades, actuar como agente e insertarse en la lógica del conflicto y de las infraestructuras críticas, ya no basta con admirar su eficacia: hay que preguntarse quién la gobierna, sobre qué opera y con qué controles.
Durante años hemos hablado de la inteligencia artificial como si fuera, ante todo, una asistente avanzada: redactaba, resumía, traducía, sugería ideas y ayudaba a programar. Pero esa imagen empieza a quedarse atrás. Hoy emergen sistemas que no sólo producen contenido, sino que también programan, detectan vulnerabilidades, encadenan herramientas, actúan como agentes y se insertan en procesos técnicos y estratégicos cada vez más sensibles. La gran novedad no es sólo que la IA “sepa más”, sino que empieza a operar sobre el mundo digital.
Este Focus parte de esa constatación. Su idea central es que el verdadero problema ya no es únicamente la potencia de la IA, sino su combinación con varios factores que, juntos, alteran el equilibrio entre capacidad técnica, juicio humano y control político. Entre ellos destacan el potencial disruptivo de estas herramientas en manos equivocadas, la expansión de agentes con supervisión cada vez más tenue, la autonomía instrumental de sistemas que pueden optimizar más allá de lo previsto, el bycoding como nueva capa de producción de software opaco, y la concentración privada de capacidades con relevancia pública creciente.
Uno de los cambios más importantes afecta al software. La IA ya no sólo ayuda a escribir código: empieza a convertirse en la capa a través de la cual se produce. Eso acelera la creación, pero también puede multiplicar la opacidad, la dependencia y la vulnerabilidad. La misma inteligencia artificial que ayuda a construir sistemas puede llegar a conocer mejor que nadie sus puntos débiles. Y cuando se combinan producción acelerada de software, revisión insuficiente y modelos cada vez más capaces de auditar o explotar fallos, aparece un círculo inquietante que no puede analizarse sólo en términos de productividad.
A esto se suma la cuestión de los agentes IA. Cuando un sistema ya no se limita a responder, sino que encadena acciones, usa herramientas y mantiene objetivos a lo largo del tiempo, la supervisión humana puede degradarse. El humano sigue apareciendo en el esquema, pero muchas veces ya no gobierna de verdad el proceso. Por eso no basta con repetir que “hay un humano en el circuito”. La pregunta seria es otra: qué ve ese humano, cuándo interviene, qué comprende y si realmente puede detener o corregir lo que está ocurriendo.
El problema se vuelve aún más grave cuando se observa quién controla estas capacidades. Una parte creciente de la seguridad digital, de la auditoría de software y de la gestión del riesgo técnico depende de actores privados con acceso privilegiado y con niveles altos de opacidad. Esto significa que infraestructuras cada vez más decisivas para la vida colectiva quedan mediadas por poderes técnicos que no están sometidos a un control democrático equivalente a su importancia real.
Finalmente, todo esto tiene una dimensión geopolítica ineludible. La guerra actual no se libra sólo con medios cinéticos. El plano cibernético es ya un frente decisivo, y la IA introduce en él un salto cualitativo al acelerar reconocimiento, selección de objetivos y operaciones complejas bajo esquemas de supervisión insuficiente. En este contexto, la cuestión ya no es sólo tecnológica. Es también política, estratégica y cultural.
En breve publicaré un DG Focus sobre este argumento. Lo encontrarás en:
La conclusión es clara: ya no basta con preguntar qué puede hacer la IA; hay que preguntar quién la gobierna, sobre qué opera y con qué controles efectivos. Cuando una tecnología deja de ser sólo una herramienta y empieza a convertirse en capa operativa del mundo, el pensamiento crítico debe ensancharse. Ya no basta con examinar mensajes o detectar sesgos; hace falta aprender a pensar en términos de infraestructuras, dependencia, supervisión real y poder opaco.
Más allá de los videos propagandísticos y los discursos ideológicos, los grupos extremistas han encontrado en las historias personales una herramienta poderosa para atraer nuevos seguidores. A través de redes sociales, comparten testimonios de individuos que supuestamente han encontrado propósito y comunidad en estas organizaciones. Casos como los de Siti Khadijah en Indonesia y Aqsa Mahmood en el Reino Unido han demostrado cómo estas narrativas pueden ser altamente persuasivas para jóvenes en búsqueda de identidad y sentido de pertenencia.
El impacto de estos relatos radica en su capacidad de generar empatía y cercanía con la audiencia. Cuando una persona en situación de vulnerabilidad lee o escucha la experiencia de alguien que ha “transformado” su vida al unirse a una causa, es más probable que considere seguir el mismo camino. Las redes sociales amplifican estos mensajes, facilitando su viralización y su llegada a públicos que antes eran inaccesibles para los grupos extremistas.
Para contrarrestar esta tendencia, es necesario promover narrativas alternativas que ofrezcan opciones de vida positivas y alejadas del extremismo. Historias de reinserción, relatos de víctimas del terrorismo y mensajes de líderes comunitarios pueden jugar un papel clave en desmantelar la seducción de la radicalización. La batalla contra el extremismo en internet no solo se libra con tecnología y regulación, sino también con el poder de contar historias que inspiren esperanza y convivencia.
La creciente amenaza de la radicalización en línea ha llevado a gobiernos y empresas tecnológicas a implementar diversas estrategias para frenar la difusión de contenido extremista. Algunas de las principales iniciativas incluyen la eliminación de publicaciones que promueven el terrorismo, el bloqueo de cuentas relacionadas con estos grupos y el desarrollo de algoritmos avanzados para detectar discursos de odio. No obstante, estas medidas han generado debates sobre la libertad de expresión y la necesidad de encontrar un equilibrio entre seguridad y derechos digitales.
Una de las estrategias más efectivas es la creación de contranarrativas que desmientan las promesas falsas de los grupos extremistas. En lugar de centrarse únicamente en la censura, se han promovido mensajes alternativos que resaltan valores de inclusión, respeto y convivencia pacífica. Además, se han desarrollado programas educativos para fortalecer el pensamiento crítico y evitar que los jóvenes sean manipulados por propaganda digital.
Es fundamental que la prevención de la radicalización en línea involucre a diversos actores, incluyendo gobiernos, plataformas digitales, comunidades locales y educadores. Solo a través de una cooperación eficaz y una constante adaptación a los cambios tecnológicos será posible frenar el crecimiento del extremismo en internet y garantizar un espacio digital más seguro para todos.
Las redes sociales han revolucionado la comunicación global, permitiendo la interacción en tiempo real y la difusión masiva de información. Sin embargo, también han facilitado la expansión de ideologías extremistas que buscan reclutar adeptos en línea. Grupos como ISIS han perfeccionado el uso de plataformas como Twitter, YouTube y Telegram para atraer seguidores a través de videos impactantes, discursos ideológicos y mensajes emocionales que apelan a las inquietudes de los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los elementos clave en la estrategia de estos grupos es la creación de una narrativa atractiva que justifique su causa y la presente como heroica. Utilizan una combinación de imágenes poderosas, testimonios personales y la promesa de un propósito superior para convencer a potenciales reclutas. Además, han aprovechado la tecnología de mensajería cifrada y la dark web para operar con mayor seguridad, evitando el rastreo por parte de las autoridades.
Para combatir este fenómeno, es esencial comprender sus métodos y adaptar las respuestas de los gobiernos y plataformas tecnológicas. La eliminación de contenido radical, el monitoreo de redes sociales y la promoción de mensajes positivos son algunas de las estrategias implementadas. Sin embargo, la lucha contra la radicalización en línea requiere un esfuerzo continuo y coordinado, que combine la educación digital con políticas efectivas para reducir la influencia del extremismo en el ciberespacio.
Las campañas de injerencia extranjera no actúan con una sola táctica. Funcionan como una maquinaria compleja que combina marcos narrativos, manipulación emocional, automatización, falsificaciones audiovisuales y “expertos” fabricados para dar credibilidad. Todo ello bajo una coordinación que convierte el caos aparente de las redes sociales en una sinfonía cuidadosamente dirigida.
Los ejemplos recientes lo demuestran. En las elecciones estadounidenses de 2016, miles de cuentas vinculadas a la Internet Research Agency difundieron mensajes destinados a acentuar la polarización racial y política. En el referéndum del Brexit, las mismas técnicas se usaron para avivar la desconfianza hacia la Unión Europea. En Asia, redes coordinadas procedentes de China manipulan narrativas sobre Taiwán y Hong Kong, mientras en África y América Latina proliferan medios “independientes” financiados desde el extranjero para moldear la opinión pública local.
Detrás de estas acciones no hay improvisación, sino estrategia y conocimiento psicológico. Cada imagen viral, cada titular alarmista y cada tuit coordinado forman parte de una arquitectura del engaño que explota las emociones colectivas para obtener ventaja política. Comprender su estructura es el primer paso para romper su eficacia.
Diseñar una respuesta eficaz al terrorismo implica pensar más allá de la inmediatez. El primer pilar es la proporcionalidad: toda medida debe pasar la prueba de necesidad y mínima afectación a inocentes. El segundo es la transparencia: los errores existen, pero su corrección rápida evita que se conviertan en mitos movilizadores. El tercero, la inclusión: programas que integren a comunidades estigmatizadas abren canales alternativos a la violencia.
A ello se suma la inteligencia centrada en redes, no en colectivos. Perfiles, patrones de comportamiento y flujos financieros ofrecen rastros más precisos que el simple criterio étnico o religioso. La coordinación judicial‑policial, con supervisión independiente, añade la certeza de que cada operación será evaluada a la luz de la ley y no del pánico.
Finalmente, la comunicación estratégica debe anticipar la batalla narrativa. Explicar con claridad por qué se detiene a alguien, mostrar evidencias —cuando sea posible— y reconocer abusos antes de que los denuncie la otra parte refuerza la credibilidad institucional.
Aplicar estos principios no blinda de nuevos atentados, pero reduce el terreno fértil donde germina el extremismo. En el fondo, la prevención exitosa no consiste en ganarle a la violencia un pulso de fuerza, sino en negarle el oxígeno político y social que la hace sostenible a largo plazo.
De la Irlanda de los años setenta a las montañas de Afganistán y los suburbios de Oriente Medio, la película se repite con distintos protagonistas. Un atentado atroz, un gobierno que responde con mano dura y, pocos meses después, un movimiento insurgente que presume de voluntarios. El guion incluye siempre un capítulo de abusos: internamientos masivos, pueblos arrasados, checkpoints que humillan a diario.
En Irlanda del Norte, el internamiento sin juicio convirtió a los cuarteles en paritorios de milicianos. En Argelia, las ejecuciones sumarias soldaron la alianza entre la población rural y la guerrilla independentista. Décadas más tarde, las prisiones clandestinas y los bombardeos indiscriminados proporcionaron a la yihad global las imágenes de agravio necesarias para reclutar en internet.
Estos precedentes recuerdan que las acciones de seguridad no ocurren en el vacío: cada bala perdida tiene un destinatario simbólico que multiplicará su impacto en redes sociales y discursos de odio. Ignorar la dimensión histórica es repetirla. Por eso, cualquier estrategia antiterrorista lúcida empieza revisando qué funcionó… y, sobre todo, qué fracasó estrepitosamente.
El choque entre un aparato estatal poderoso y una célula extremista diminuta recuerda a un combate de jiu‑jitsu: el contendiente más débil intenta convertir la fuerza de su rival en su mejor arma. La lógica es sencilla y letal. Cada redada masiva, cada toque de queda y cada detención sin garantías alimenta el relato del agresor insurgente: “el Estado es tu enemigo”. En ese espejo deformado, el puño de hierro se vuelve confirmación de abuso, y el miedo colectivo se transforma en reclutamiento.
Lo paradójico es que, desde el punto de vista táctico, el ataque terrorista rara vez amenaza la supervivencia del Estado; lo hace, en cambio, la reacción desmesurada. El inimaginable 11‑S no derribó a la primera potencia mundial, pero sí abrió la puerta a leyes y prácticas que aún se discuten décadas después. Así, la verdadera batalla se libra entre el shock inicial y la respuesta que decida un gabinete de crisis.
Cuando los gobiernos olvidan esta dinámica y privilegian la coerción por encima del derecho, el resultado suele ser contraproducente: polarización social, erosión de legitimidad y un flujo constante de nuevos adeptos para la causa violenta. Entender la “trampa de la provocación” no es cuestión académica; es la diferencia entre sofocar un incendio o avivarlo con gasolina.
Prevenir actos de venganza y vigilantismo exige una estrategia integral que combine seguridad, justicia y cohesión social. En primer lugar, el Estado debe demostrar eficacia rápida y transparente: investigar, juzgar y condenar a los responsables directos evita la sensación de impunidad que alimenta la justicia por mano propia.
Segundo, hay que reducir la polarización. Discursos políticos que señalan chivos expiatorios generan terreno fértil para patrullas y linchamientos. Programas educativos que promuevan el pensamiento crítico y medios de comunicación responsables son barreras contra la desinformación y el odio.
Por último, limitar la proliferación de armas es decisivo. Cuantos más fusiles circulen en manos civiles, mayor la probabilidad de que un impulso de ira se convierta en tragedia irreversible. Regulaciones estrictas, controles de antecedentes y esfuerzos de desarme voluntario trasladan la balanza de la fuerza desde el impulso individual hacia las instituciones legítimas.
En el noreste de Nigeria, la juventud formó la Civilian Joint Task Force para enfrentarse a Boko Haram cuando el ejército parecía desbordado. Con conocimiento del terreno y apoyo tácito de autoridades locales, los vigilantes expulsaron a insurgentes de varios barrios y ganaron popularidad inmediata.
El éxito inicial, sin embargo, trajo consecuencias imprevistas. La milicia pasó de detenciones ciudadanas a ejecuciones sumarias; la lealtad tribal infló las listas de “sospechosos” y las venganzas personales se mezclaron con la guerra contra el terrorismo. El conflicto se hizo más íntimo: vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos.
Cuando el Estado terceariza la seguridad a actores armados sin supervisión, pierde el control del uso de la violencia y abre la puerta a futuras bandas criminales. Fortalecer instituciones judiciales, indemnizar a los vigilantes que dejen las armas y ofrecer vías de reintegración son pasos esenciales para desmontar estructuras que, de otra forma, perdurarán más allá de la amenaza que las originó.
El ataque contra dos mezquitas en Christchurch (2019) mostró cómo una sola persona puede transformar el deseo de venganza en carnicería global. El agresor se presentó como “justiciero” de víctimas occidentales de terrorismo islamista y, con ello, ató su crimen a un discurso de represalia transnacional. La masacre fue retransmitida en directo: un tutorial macabro para fanáticos de cualquier signo.
Menos de veinticuatro horas después, foros yihadistas clamaban por “devolver el golpe”, confirmando la lógica del espejo: el extremismo se alimenta del extremismo opuesto. Cada acto promete protección a los “nuestros” pero ofrece munición emocional a los rivales.
La lección es clara: cortar la cadena requiere aislar narrativas revanchistas y responder desde la legalidad. Limitar la difusión de manifiestos violentos, promover contramensajes sólidos y atender a las comunidades afectadas reduce la rentabilidad mediática y emocional de estos atentados.
En varios países europeos, grupos ultranacionalistas se enfundan chalecos, levantan barricadas simbólicas y patrullan estaciones o pasos fronterizos para “defender la patria”. A diferencia de la policía, estos colectivos autodesignados carecen de formación, protocolos de uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas.
Su simple presencia armada proyecta un mensaje de exclusión: señalan a personas migrantes o de determinada fe como potenciales enemigos, normalizando el acoso y rompiendo la confianza entre vecinos. El Estado, que debería monopolizar la coerción legítima, queda cuestionado cuando tolera o impulsa estos despliegues, pues su silencio se interpreta como respaldo tácito a ideologías extremistas.
A largo plazo, las patrullas parapoliciales crean “zonas grises” donde la ley depende de simpatías locales. Sustituirlas requiere una policía cercana pero profesional, junto con políticas que atiendan la inseguridad real —falta de empleo, servicios y presencia institucional— que estos grupos suelen capitalizar.
En la era de las redes, el deseo de “hacer algo” encuentra un campo de batalla virtual. Colectivos de ciberactivistas han derribado miles de cuentas y foros yihadistas, dificultando la propaganda y la captación de seguidores. Estas operaciones pueden ser rápidas, creativas y, a primera vista, efectivas: cada perfil bloqueado evita que un vídeo extremista se viralice.
La otra cara del hacktivismo es la ausencia de controles. Sin protocolos de verificación, los errores se cobran víctimas inocentes—basta una identidad mal atribuida para arruinar una vida. Además, las intromisiones torpes pueden alertar a los verdaderos terroristas y malograr investigaciones policiales en curso. ¿Quién asume entonces la responsabilidad por los daños colaterales?
La colaboración ciudadana es valiosa, pero solo si se integra en estrategias oficiales que garanticen proporcionalidad y supervisión. Programas de “bug bounty” y canales seguros para compartir inteligencia son alternativas que permiten aprovechar la pericia técnica sin vulnerar derechos ni obstaculizar procesos judiciales.
El sociólogo Émile Durkheim hablaba de “solidaridad mecánica” para describir la unidad espontánea que surge cuando un grupo afronta un peligro común. Tras un atentado, esa cohesión se materializa en vigilias, consignas de apoyo y símbolos compartidos que convierten el dolor privado en un duelo social. Vernos reflejados en las víctimas —“pude haber sido yo”— genera un impulso poderoso: protegernos mutuamente.
Esa misma energía, sin embargo, puede bifurcarse. Dirigida al cuidado, inspira donaciones de sangre, rescates solidarios y campañas contra el odio. Desencauzada, se transforma en la rabia que justifica linchamientos o estigmatiza a comunidades completas. El punto de inflexión está en cómo nombramos al enemigo: cuando el debate público simplifica la amenaza —“ellos contra nosotros”— sembramos las semillas de la retaliación colectiva.
Fomentar una solidaridad saludable exige liderazgos que reconozcan el dolor sin convertirlo en arma política. Narrativas inclusivas, espacios de duelo plural y medios que eviten el sensacionalismo ayudan a mantener la empatía por encima de la hostilidad. Así, la unión que nace del trauma se convierte en resiliencia y no en pretexto para nuevos agravios.
La primera reacción ante un atentado suele ser exigir “ojo por ojo”. Sin embargo, la evidencia muestra que castigar al agresor rara vez logra lo que promete. El impulso de devolver el golpe alimenta un ciclo de ofensas sucesivas en el que cada bando reclama la última palabra, multiplicando el sufrimiento de todos. Además, la venganza no rehabilita al culpable ni disuade a nuevos aspirantes: convierte al castigado en mártir a los ojos de los suyos y ofrece a los extremistas el relato perfecto para reclutar.
En lugar de cerrar heridas, la represalia perpetúa el trauma de las víctimas. Muchas de ellas descubren que el alivio inicial da paso a un vacío todavía más doloroso, porque el ser querido no vuelve y la violencia continúa. Finalmente, cuando la justicia queda en manos de particulares, el Estado pierde autoridad y la seguridad colectiva se erosiona: más actores armados compiten por imponer su propia ley.
Replantear el castigo en clave de prevención implica invertir en procesos judiciales imparciales, programas de desradicalización y políticas que reduzcan la sensación de impunidad. Castigar al culpable es legítimo, pero solo si fortalece el Estado de derecho y evita reacciones en cadena que agraven la amenaza.
Los hechos de este julio de 2025 en Torre-Pacheco (Murcia) me llevan a una reflexión que, hasta donde alcanzo a ver, no ha ocupado espacio en la prensa. La ofrezco aquí, con mi propio enfoque: para eso está este blog.
La agresión sufrida por una persona mayor a manos de varios jóvenes magrebíes ha sido la chispa que ha hecho saltar la válvula de una olla a presión sobrecalentada durante demasiado tiempo. Se repite que la ultraderecha capitaliza el incidente para amplificar su agenda xenófoba y, a la vez, se sostiene que todo es fruto de una política excesivamente laxa frente a la inmigración irregular. Ambos diagnósticos, a mi juicio, yerra(n) el centro del problema.
El punto que me interesa subrayar es otro: el auge paulatino —y alarmante— del vigilantismo, un fenómeno que bebe de la polarización extrema que estructura hoy la vida pública.
Antes del parón veraniego desarrollaré este asunto en varias entradas; esta sirve tan solo de umbral para señalar algunos elementos generales pero esenciales.
Conviene despejar cualquier duda: el vigilantismo no representa una solución; es el síntoma (y derivación) de un malestar social generalizado en el que la ciudadanía percibe desprotección ante cuestiones de seguridad y decide arrogarse competencias que corresponden al Estado, cuya función indeclinable es garantizar la protección de sus miembros.
Así, la polarización que ciertos actores políticos alimentan —en nombre de alertar sobre los “peligros de la extrema derecha”— añade combustible a la sensación de impotencia frente a una “mano blanda” legislativa que deja atrás a quienes cumplen las normas. Paralelamente, los actores más populistas encuentran un terreno cada vez más fértil. El pensamiento crítico debería funcionar como antídoto frente a la captura por cualquiera de los extremos.
La raíz permanece: un déficit normativo capaz de responder con eficacia a los desafíos del mundo contemporáneo. Dicho llanamente: legislar bien y a tiempo es la obligación profesional de quienes ocupan el Parlamento, y de ello depende una convivencia más serena. Lo obvio, sin embargo, se erosiona a diario mientras representantes bien remunerados desatienden esa responsabilidad; el problema alcanza los cimientos, como desarrollo en Dinámicas Globales, vol. 2. En los próximos días expondré con mayor detalle los riesgos del vigilantismo. La clave para neutralizarlo sigue en manos de los responsables políticos: si las leyes ofrecen respuestas eficaces a problemas percibidos como legítimos, nadie sentirá la tentación de ocupar las calles a modo de milicia improvisada.
Las llamadas “teorías irracionalistas” han predominado largo tiempo en el estudio de la religión, atribuyendo el auge o declive de la fe a factores como la ignorancia, el miedo o las crisis económicas. Sin embargo, la teoría de la economía religiosa —impulsada por autores como Stark e Iannaccone— propone una explicación distinta: la fe, al igual que otros ámbitos de la vida humana, se rige por decisiones racionales, donde los creyentes valoran costes y beneficios, y las “firmas religiosas” compiten y se especializan.
Esta perspectiva no intenta reducir la religión a un simple producto de mercado, sino resaltar la complejidad de cómo las personas deciden afiliarse a un credo o mantenerse en él. Permite asimismo comprender por qué ciertas religiones históricas se revitalizan frente a nuevos movimientos o por qué, en determinados contextos, florecen organizaciones radicales. Su enfoque científico (reproducible y refutable) rompe con la idea de que haya una “edad dorada” de la fe y, en su lugar, explora cómo la competencia y la oferta religiosa inciden en la práctica y la experiencia espiritual.
Según Introvigne, resulta muy cuestionable —desde la perspectiva islámica— que un terrorista suicida obtenga el título de shahid (mártir). Si bien ciertos imanes emiten fatwas que respaldan estos actos violentos, la mayoría de expertos y autoridades islámicas no consideran que tal comportamiento sea legítimo. De hecho, gran parte del mundo musulmán reprueba los atentados, especialmente cuando estos causan bajas entre otros musulmanes.
El problema radica en que el islam carece de una figura única y central para resolver disputas doctrinales, a diferencia de la Iglesia católica con el Papa. Esa descentralización permite que algunos líderes religiosos justifiquen atentados como si fueran operaciones de martirio, ofreciendo a los futuros terroristas una seguridad teológica que, en realidad, dista mucho de ser unánime. Para el suicida, la convicción de cumplir la voluntad de Alá es total; para un análisis más objetivo, su acto se enmarca en la lógica de una organización que persigue fines políticos, no la santidad.
Las investigaciones de Massimo Introvigne y Lawrence Iannaccone plantean que los grupos terroristas, lejos de actuar por simple afán destructivo, funcionan más bien como verdaderas “industrias” bajo la lógica empresarial de costo-beneficio. El caso del terrorismo islámico resulta paradigmático: estos movimientos reclutan a individuos que creen servir una causa sagrada, pero emplean métodos organizativos y financieros altamente eficaces para planificar atentados.
Esa combinación de fanatismo religioso y estrategias racionales explica por qué grupos como Hamás o Al Qaeda pueden desestabilizar escenarios políticos y afectar decisiones gubernamentales. Pese a que en el imaginario colectivo el terrorista suicida aparece a menudo como un mártir movido únicamente por el fervor, en realidad las organizaciones fomentan esta mentalidad, ofreciendo cobertura ideológica y logística y aprovechándose de interpretaciones religiosas controvertidas (e incluso forzadas) para sus fines.
La fiabilidad de un modelo se asienta en la fiabilidad de sus datos. El primer paso es lo que se denomina provenance: registrar quién, cuándo y cómo se generó cada fichero mediante estándares como W3C PROV‑DM y firmar los lotes con Sigstore o TUF para garantizar que nadie los altera en tránsito.
Una vez dentro, herramientas como TensorFlowData Validation o GreatExpectations comparan estadísticas de cada columna con un esquema base y alertan de valores fuera de rango o tipos inesperados. Paralelamente, sistemas de versionado (DVC, LakeFS) vinculan cada versión de datos con el código y los pesos resultantes, asegurando auditoría end‑to‑end. En la fase de entrenamiento, entornos reproducibles y secure aggregation para aprendizaje federado aíslan procesos y detectan clientes maliciosos que envían gradientes amañados. Ya en producción, la monitorización de data drift y kill switches automáticos permiten cortar modelos que empiezan a desviarse de la línea base.
Espero que esta pequeña serie te haya gustado; si quieres algo más «operativo» tendrás que esperar hasta septiembre, cuando preveo lanzar el PROYECTO RADAR. ¿Qué es? Te lo explicaré, pero no en este post y no ahora…
En el ámbito operativo, un modelo de demanda contaminado puede inducir sobre‑stock o roturas de inventario: basta alterar un pequeño subconjunto de registros para sesgar la previsión y llenar o vaciar almacenes a destiempo. Las cadenas logísticas sufren así costes ocultos en combustible, almacenaje y penalizaciones contractuales.
La esfera financiera es aún más sensible. Algoritmos de trading de alta frecuencia reaccionan a microseñales: un outlier bien colocado puede disparar ventas masivas o compras irracionales, amplificando la volatilidad e incluso provocando flash crashes que dañan la reputación de la firma y desencadenan sanciones regulatorias.
Los sistemas de recomendación tampoco se libran: ataques como BadRec insertan triggers invisibles en títulos y usuarios falsos, de modo que el modelo promociona productos trampa o desprioriza ofertas legítimas. El resultado es pérdida de confianza de los clientes y sesgos en métricas clave como clic‑through o conversión.
Por eso las empresas empiezan a tratar la integridad de datos y modelos como un pilar de governance: auditorías externas, kill switches, monitorización de salidas anómalas y un inventario riguroso de dependencias son ya prácticas tan importantes como los firewalls clásicos.
El 23 de marzo de 2016, Microsoft lanzó al mundo a Tay, un chatbot que aprendía de las conversaciones en Twitter. Bastaron unas horas de mensajes coordinados para transformarlo en un altavoz de insultos; Microsoft lo desconectó en menos de un día, marcando el primer gran ejemplo de envenenamiento en producción.
En enero de 2025, el analista conocido como PlinytheLiberator fue más lejos: sembró frases inofensivas en foros públicos que, meses después, activaron un jailbreak latente en un modelo corporativo. El ataque permaneció dormido seis meses, demostrando la persistencia de los agentes dormidos.
También en 2024 apareció una oleada de modelos maliciosos en la plataforma Hugging Face. La investigación de JFrog localizó alrededor de cien checkpoints con código oculto o pesos trojanizados, ilustrando lo vulnerable que es la cadena de suministro de modelos cuando se confían repositorios públicos sin firma.
Estos episodios conforman una tendencia: el veneno se desplaza de los pequeños experimentos académicos a los repositorios masivos y a los sistemas en producción, obligando a reforzar controles de procedencia y sandboxing antes de poner un modelo en manos del usuario final.
Durante toda esta semana vamos a seguir con el tema de los peligros PARA las Inteligencias Artificiales.
Los atacantes disponen hoy de un catálogo sorprendentemente amplio para corromper modelos. La señal más sencilla es el label‑flipping: cambiar la etiqueta de unas pocas muestras para desplazar la frontera de decisión. Con apenas un 1 % de datos adulterados puede degradarse la precisión global o dirigir errores a clases estratégicas.
Un salto cualitativo son los backdoors. En su variante dirty‑label, se añade un marcador visible (una etiqueta, un píxel) y se cambia la etiqueta; en la versión clean‑label el truco está escondido en los propios píxeles o en el espacio latente. El reciente método FFCBA inserta puertas traseras en todas las clases a la vez sin tocar las etiquetas, lo que confunde incluso a las defensas más avanzadas.
Otros ataques optimizan de forma bilevel el ejemplo «perfecto», calculando la perturbación mínima que maximice la pérdida del modelo; o aprovechan el aprendizaje federado para mandar actualizaciones de gradiente amañadas y colar la puerta trasera sin tocar el dataset central.
Por último, el poisoning del corpus de pre‑entrenamiento -con casos como Nightshade- demuestra que basta infiltrar 50‑100 imágenes alteradas en la web para inutilizar un concepto completo en un generador texto‑imagen. El mensaje es claro: el origen y la inspección de los datos son ya la primera línea de defensa.
Si quisiéramos identificar un modelo de amenazas percibidas que pueden llevar al politicidio, podríamos identificar cuatro tipos principales de amenazas.
En primer lugar podríamos hablar de una amenaza material, es decir, la percepción de que otro grupo está bloqueando el progreso económico. Por ejemplo, la expulsión de los cherokees en 1838 tras el descubrimiento de oro en sus tierras.
Otro factor a tener en cuenta es lo que denominamos “amenaza de estatus”. En este caso nos referimos a la sensación de que otro grupo desafía una posición social superior, como se vio en la masacre de los herero por fuerzas coloniales alemanas en Namibia.
En tercer lugar podemos identificar una amenaza de seguridad, relacionada con el miedo de que la existencia de otro grupo pone en peligro la supervivencia del propio, como en las matanzas entre serbios y croatas durante la disolución de Yugoslavia.
En último lugar podemos hablar de una amenaza de contaminación. La creencia de que un grupo está contaminando la pureza étnica, religiosa o ideológica, es un concepto evidente, por ejemplo, en la ideología nazi contra los judíos.
Estas amenazas se asocian a emociones intensas como el miedo, la ira y el asco, que legitiman y racionalizan el asesinato masivo. Por ejemplo, la deshumanización nazi de los judíos como “ratas” o “parásitos” justificó su exterminio como una necesidad biológica.
El texto de Clark McCauley, titulado «Killing Them to Save Us: Lessons from Politicide for Preventing and Countering Terrorism», presenta un análisis profundo sobre el fenomeno del politicidio y sus implicaciones para la comprensión y prevención del terrorismo. En este trabajo, McCauley explora las similitudes entre ambos fenómenos, subrayando que tanto el politicidio como el terrorismo representan formas de violencia asimétrica dirigidas contra civiles y motivadas por percepciones de amenaza. El análisis se centra en la psicología que subyace a estas prácticas, así como en las estrategias necesarias para prevenirlas.
McCauley inicia extendiendo la definición de genocidio adoptada por las Naciones Unidas en 1948 para incluir formas de asesinato masivo de carácter político. Mientras que el genocidio se centra en la eliminación de grupos étnicos, raciales o religiosos, el politicidio engloba la destrucción de grupos definidos por su oposición política o posición jerárquica. Este concepto es especialmente útil para analizar casos como el exterminio de los kulaks por Stalin, las purgas del Khmer Rouge en Camboya o la eliminación de moderados hutus por extremistas hutus en Ruanda.
El politicidio se caracteriza por el asesinato por categoría: las víctimas no son seleccionadas por sus acciones individuales, sino por su pertenencia a un grupo determinado. Este «asesinato categórico» refleja una deshumanización profunda, donde las personas son vistas como parte de una amenaza colectiva que debe ser eliminada. Para entender este fenómeno, McCauley enfatiza la necesidad de estudiar tanto a los perpetradores como a las víctimas, así como las percepciones de amenaza que justifican estas acciones.
