La primera reacción ante un atentado suele ser exigir “ojo por ojo”. Sin embargo, la evidencia muestra que castigar al agresor rara vez logra lo que promete. El impulso de devolver el golpe alimenta un ciclo de ofensas sucesivas en el que cada bando reclama la última palabra, multiplicando el sufrimiento de todos. Además, la venganza no rehabilita al culpable ni disuade a nuevos aspirantes: convierte al castigado en mártir a los ojos de los suyos y ofrece a los extremistas el relato perfecto para reclutar.
En lugar de cerrar heridas, la represalia perpetúa el trauma de las víctimas. Muchas de ellas descubren que el alivio inicial da paso a un vacío todavía más doloroso, porque el ser querido no vuelve y la violencia continúa. Finalmente, cuando la justicia queda en manos de particulares, el Estado pierde autoridad y la seguridad colectiva se erosiona: más actores armados compiten por imponer su propia ley.
Replantear el castigo en clave de prevención implica invertir en procesos judiciales imparciales, programas de desradicalización y políticas que reduzcan la sensación de impunidad. Castigar al culpable es legítimo, pero solo si fortalece el Estado de derecho y evita reacciones en cadena que agraven la amenaza.