En la era de las redes, el deseo de “hacer algo” encuentra un campo de batalla virtual. Colectivos de ciberactivistas han derribado miles de cuentas y foros yihadistas, dificultando la propaganda y la captación de seguidores. Estas operaciones pueden ser rápidas, creativas y, a primera vista, efectivas: cada perfil bloqueado evita que un vídeo extremista se viralice.
La otra cara del hacktivismo es la ausencia de controles. Sin protocolos de verificación, los errores se cobran víctimas inocentes—basta una identidad mal atribuida para arruinar una vida. Además, las intromisiones torpes pueden alertar a los verdaderos terroristas y malograr investigaciones policiales en curso. ¿Quién asume entonces la responsabilidad por los daños colaterales?
La colaboración ciudadana es valiosa, pero solo si se integra en estrategias oficiales que garanticen proporcionalidad y supervisión. Programas de “bug bounty” y canales seguros para compartir inteligencia son alternativas que permiten aprovechar la pericia técnica sin vulnerar derechos ni obstaculizar procesos judiciales.