La libertad religiosa no basta para garantizar la integración efectiva de los migrantes. El acceso al trabajo digno, a la educación y a la participación cívica son aspectos esenciales para que una persona o una familia se sienta verdaderamente parte de la sociedad de acogida. Un Estado laico comprometido con la justicia social debe prestar atención a estos ámbitos.
La inserción laboral suele verse obstaculizada por la precariedad y la discriminación. La cooperación entre las instituciones públicas y entidades religiosas o civiles resulta clave: programas de asesoría legal, formación profesional y clases de idioma ayudan a superar brechas culturales y económicas. Este conjunto de apoyos fortalece la autonomía de quienes llegan y evita situaciones de exclusión o marginalidad.
En el terreno educativo, la escuela puede convertirse en una eficaz vía de integración, siempre que incorpore la diversidad cultural y religiosa como parte de su currículo. Finalmente, la participación cívica a través de asociaciones y consejos consultivos brinda a los migrantes la oportunidad de influir en la toma de decisiones y de sentirse parte activa en la construcción del bien común.