La libertad política empieza, siempre, en la precisión del lenguaje. Cuando el poder decide que la tortura es “interrogatorio reforzado”, que el espionaje masivo es “patriotismo” o que bombardear un barrio es “cortar el césped”, no solo engaña: nos roba las palabras con las que podríamos denunciarlo. Así funciona el totalitarismo blando: no necesita prohibir los términos incómodos, basta con vaciarlos, dulcificarlos o cargarlos de pólvora emocional. Una vez que el eufemismo ocupa el lugar de la verdad, la realidad queda desfigurada y la protesta se vuelve ininteligible.
La operación es doble. Por un lado, el discurso oficial adopta una jerga higiénica que convierte cualquier atropello en trámite administrativo: “daño colateral”, “operación especial”, “confinamiento adaptado”. Por otro, ciertas etiquetas adquieren un peso destructivo que clausura el diálogo: basta con llamar “negacionista”, “odiador” o “ultra” a quien plantea una objeción para que quede fuera de juego. El debate deja de ser un intercambio de razones y se convierte en un campo minado de significantes tóxicos. Las palabras ya no describen: clasifican, absolven o condenan.
Recuperar la libertad pasa, entonces, por rescatar el lenguaje. Nombrar las cosas por su nombre es un acto de resistencia; negarse a tragar eufemismos, un ejercicio de higiene mental. Allí donde la guerra es guerra y la censura es censura, la responsabilidad comienza a ser posible. Porque solo cuando las palabras vuelven a tener filo puede el pensamiento crítico cortar las telas de la manipulación.
