En el noreste de Nigeria, la juventud formó la Civilian Joint Task Force para enfrentarse a Boko Haram cuando el ejército parecía desbordado. Con conocimiento del terreno y apoyo tácito de autoridades locales, los vigilantes expulsaron a insurgentes de varios barrios y ganaron popularidad inmediata.
El éxito inicial, sin embargo, trajo consecuencias imprevistas. La milicia pasó de detenciones ciudadanas a ejecuciones sumarias; la lealtad tribal infló las listas de “sospechosos” y las venganzas personales se mezclaron con la guerra contra el terrorismo. El conflicto se hizo más íntimo: vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos.
Cuando el Estado terceariza la seguridad a actores armados sin supervisión, pierde el control del uso de la violencia y abre la puerta a futuras bandas criminales. Fortalecer instituciones judiciales, indemnizar a los vigilantes que dejen las armas y ofrecer vías de reintegración son pasos esenciales para desmontar estructuras que, de otra forma, perdurarán más allá de la amenaza que las originó.