El PMA (Programa Mundial de Alimentos) es, a la vez, un salvavidas y un actor de poder. Nacido como programa experimental y convertido en la mayor organización humanitaria del planeta, su capacidad logística salva millones de vidas en sequías, guerras o catástrofes. Pero su arquitectura de gobernanza —dependencia total de aportes voluntarios y agenda modulada por grandes donantes— traslada el centro de decisiones fuera de cualquier control democrático real. Quien financia condiciona dónde, cómo y con qué criterios se distribuye la ayuda, y puede usarla como instrumento de política exterior.
La escala de intervención (más de 150 millones de personas atendidas) otorga al PMA una influencia que rivaliza con bancos de desarrollo: marcos regulatorios, procedimientos y diseños de distribución se ajustan a estándares externos, a menudo por encima de capacidades locales. La transición a transferencias monetarias masivas añade otra capa: no solo alivian urgencias, también reconfiguran economías domésticas, patrones de consumo y estructuras familiares —frecuentemente focalizadas en mujeres como titulares— conforme a modelos “óptimos” definidos desde fuera. El resultado puede ser doble: eficiencia inmediata, pero también homogeneización social.
El coste oculto aparece en el medio y largo plazo. La ayuda alimentaria sostenida puede erosionar mercados locales y desincentivar la producción agrícola, como ilustra Haití; en conflictos, la logística humanitaria llega a coordinarse con dispositivos militares, y los “alimentos por trabajo” rozan la instrumentalización económica de poblaciones vulnerables. A esto se suman riesgos sistémicos: recortes bruscos de donaciones, desvíos y fraude en entornos de débil control, y la alineación creciente con FMI/Banco Mundial que convierte la asistencia en palanca de condicionalidad económica.
Reequilibrar este modelo exige anclar la emergencia a estrategias de salida: compras locales y regionales que fortalezcan productores, cláusulas “anti-dependencia” con plazos y metas medibles, trazabilidad pública en tiempo real de fondos y beneficiarios, auditorías con participación comunitaria, y cortafuegos frente a usos militares o políticos de la cadena alimentaria. Sin estos contrapesos, el PMA seguirá salvando vidas hoy mientras consolida mañana un ecosistema de dependencia que deja la seguridad alimentaria en manos de agendas externas.