Durante siglos el Estado-nación fue la pieza central del tablero político: una autoridad concentrada, dueña de las fronteras y árbitro casi exclusivo de los asuntos públicos. Hoy, sin embargo, sus viejos muros se han vuelto porosos. Las cadenas de suministro, las plataformas digitales y los mercados financieros circulan por rutas que atraviesan la jurisdicción estatal como si fuera aire, de modo que las decisiones que importan se toman en foros multinivel donde participan gobiernos, empresas y ONG.
Este tránsito de un “gobierno” jerárquico a una “gobernanza” en red exige al Estado más coordinación que imposición. La lógica es pragmática: en lugar de dictar la agenda, debe tejer alianzas público-privadas y articular normas con organismos transnacionales si quiere conservar influencia.
Paradójicamente, esa apertura implica redefinir la soberanía, no sacrificarla. Cuando un país negocia estándares ambientales comunes, cede margen de maniobra inmediato, pero gana capacidad para afrontar riesgos planetarios que sobrepasan sus capacidades domésticas. Así, la autoridad se distribuye sin desaparecer: se traslada a mesas donde los actores estatales comparten silla con bancos centrales, organismos de la ONU y movimientos sociales.
El resultado es un mapa de poder superpuesto, a veces confuso, donde la legitimidad depende menos de la bandera y más de la eficacia para gestionar problemas sistémicos -climáticos, sanitarios o financieros- que ningún actor puede resolver solo.