En cualquier transición tecnológica, la primera víctima suele ser el más débil. El paso hacia una economía basada exclusivamente en el euro digital corre el riesgo de excluir a millones de personas que no tienen acceso, habilidades o confianza en el entorno digital. Personas mayores, familias sin conectividad, migrantes, personas con discapacidad o quienes viven en zonas rurales podrían verse marginados no por mala voluntad, sino por diseño.
Un sistema económico justo no puede permitirse crear ciudadanos de primera y de segunda. Si el dinero físico desaparece, aquellos que no se adapten al nuevo entorno digital podrían quedar fuera de servicios esenciales, de ayudas, de relaciones comerciales básicas. Esto no es solo un problema técnico: es una herida en el corazón de la justicia social. La inclusión no puede ser un añadido, debe estar en el ADN de cualquier política económica digital.
Desde una perspectiva ética, la tecnología debe estar al servicio del ser humano, no al revés. Eso implica que toda innovación, por muy eficiente que sea, debe garantizar alternativas accesibles y comprensibles para todos. Incluir es más que permitir: es acompañar, formar y adaptar el sistema para que nadie quede fuera. Porque en una sociedad verdaderamente justa, nadie es descartable.