Uno de los pilares fundamentales de una economía libre y humana es que las personas puedan poseer y usar su dinero con autonomía. No hablamos solo de la capacidad de gastar, sino del derecho profundo a decidir cómo, cuándo y en qué empleamos nuestros recursos sin que una autoridad central condicione esas decisiones con filtros ideológicos, restricciones arbitrarias o mecanismos de control sutil.
Con la llegada del euro digital, este principio está en riesgo. Si todo el dinero existe solo en forma digital, y además es programable, podría limitarse su uso según criterios externos: tal subvención solo se puede gastar en ciertos productos; tal ayuda expira si no se usa a tiempo; tal usuario no puede hacer transferencias si no cumple determinados requisitos. Esto transforma el dinero en una herramienta de condicionamiento y erosiona la libertad individual.
Desde una perspectiva ética y cristiana, el uso responsable del dinero es parte de la libertad moral de la persona. No se puede reducir a un código ni a un algoritmo. La justicia requiere reconocer que el dinero no es del Estado ni de una corporación tecnológica: es del ciudadano. Y solo cuando este tiene la garantía de usarlo según su conciencia, el sistema económico puede decirse verdaderamente justo.