Uno de los temas más controvertidos y oscuros relacionados con el gobierno chino es la acusación de la extracción forzada de órganos de presos de conciencia, incluidos practicantes de Falun Gong, uigures y cristianos. A pesar de los esfuerzos de China por negar estas acusaciones, tribunales independientes y organizaciones de derechos humanos han señalado la existencia de esta práctica, que se ha realizado a gran escala en el país.
Informes como el del «Tribunal de China», una corte independiente establecida en Londres, concluyeron que esta extracción se ha llevado a cabo durante años con prisioneros ejecutados o retenidos en condiciones inhumanas. A pesar de las reformas declaradas por el gobierno chino, las cifras de trasplantes no se corresponden con los datos oficiales de donantes voluntarios, lo que refuerza las sospechas sobre la continuidad de esta práctica brutal. Este escándalo ha generado un debate ético global y una creciente presión sobre China para que rinda cuentas.