Durante décadas, la relación entre el sistema sanitario y el individuo se sostuvo sobre una intuición tan simple como protectora: uno está sano hasta que haya indicios clínicos razonables que demuestren lo contrario. Esa “presunción de inocencia médica” evitaba que la medicina se convirtiera en una caza de posibilidades: primero venían los síntomas, los hallazgos verificables y el diagnóstico; después, si procedía, la intervención. La carga de probar la enfermedad recaía en procedimientos médicos concretos, no en el ciudadano, que no debía “justificar” su salud.
La medicina predictiva algorítmica rompe ese orden. En el nuevo paradigma, todos somos potencialmente enfermos, no por lo que vivimos hoy, sino por lo que un modelo estima que podríamos vivir mañana. La salud deja de ser un estado por defecto y pasa a convertirse en una condición que se demuestra: mediante datos corporales, genómicos, conductuales y sociales que alimentan clasificaciones de riesgo. La vida cotidiana —caminar, dormir, comer, trabajar— se traduce en señales; y esas señales pueden reclasificarte en cualquier momento.
El cambio parece sutil, pero reconfigura la ciudadanía sanitaria: si el “sano” necesita acreditación permanente, la prevención puede convertirse en obligación y la prudencia en vigilancia. En nombre del ODS3 (salud y bienestar) podemos terminar aceptando una cultura donde el cuerpo se vive como expediente: siempre bajo sospecha, siempre a la espera de una alerta estadística. Y cuando la normalidad depende de un algoritmo, la pregunta crítica es inevitable: ¿quién decide qué cuenta como normal y qué precio pagamos por vivir según esa norma?