La respuesta a la FIMI no puede limitarse a castigar culpables ni a borrar contenidos. Requiere una estrategia coordinada que refuerce la transparencia, la educación y la cooperación internacional. En este terreno, la Unión Europea, la OTAN y el G7 han dado pasos importantes: creación de sistemas de alerta temprana, centros de ciberdefensa activos 24/7 y plataformas para compartir inteligencia entre países. Pero ningún protocolo técnico sustituye la necesidad de fortalecer la cultura democrática.
La transparencia electoral y publicitaria —saber quién paga qué anuncio y con qué dinero— es esencial para evitar que potencias extranjeras financien campañas de forma encubierta. A la vez, la alfabetización mediática debe integrarse en la educación pública: enseñar a los jóvenes a reconocer patrones de manipulación, emociones inducidas y narrativas polarizantes. La defensa no empieza en los ministerios, sino en las aulas, los medios y las conversaciones cotidianas.
Por último, la colaboración con las plataformas digitales resulta indispensable, aunque debe equilibrarse con el respeto a las libertades civiles. La mejor defensa no es la censura, sino una ciudadanía informada y consciente de su poder como guardiana de la verdad.