• Geopolítica

    OMC: CONSENSO COERCITIVO Y CAMISA DE FUERZA COMERCIAL

    La OMC se presenta como árbitro neutral del comercio mundial, pero actúa como el brazo jurídico-comercial de un modelo que prioriza la liberalización indiscriminada. Bajo el “consenso”, las potencias con mayor músculo técnico y económico imponen agendas que los países más pequeños apenas pueden resistir sin quedar fuera del sistema. El resultado es una gobernanza donde las reglas —no discriminación, previsibilidad, apertura— se convierten en límites duros al margen de maniobra para políticas industriales, agrícolas y de servicios orientadas al desarrollo nacional.

    El Mecanismo de Solución de Diferencias consolida esta arquitectura: paneles tecnocráticos pueden anular decisiones democráticas en nombre de los acuerdos, y la regla del consenso negativo hace casi automática su adopción. En la práctica, el sistema disciplina a quienes intentan proteger sectores estratégicos o regular servicios esenciales. La asimetría es patente en la agricultura: mientras se exigía a países en desarrollo abrir y desubsidiar, las grandes economías conservaron fuertes apoyos internos por vías compatibles con las normas, inundando mercados y erosionando capacidades productivas locales.

    El AGCS extendió la lógica al terreno de los servicios, empujando privatizaciones y aperturas en telecomunicaciones, agua, educación o salud, con beneficios para grandes operadores transnacionales. Cuando el formato multilateral se atasca (Doha), las potencias migran a acuerdos bilaterales o regionales más presionantes; y cuando los fallos no les convienen, se bloquean órganos clave (parálisis del sistema de apelación), evidenciando que el “multilateralismo” es condicional al interés de los dominantes.

    Reequilibrar exigiría devolver espacio de política: trato especial y diferenciado vinculante (no decorativo), cláusulas de interés público para servicios esenciales, simetría real en disciplinas sobre subsidios agrícolas e industriales, y salvaguardas para estrategias de desarrollo e industrialización tardía. Sin ese giro, la OMC seguirá operando como camisa de fuerza que estandariza la apertura y traslada riqueza y poder de negociación desde el Sur hacia los campeones del comercio global.

  • Geopolítica

    BANCO MUNDIAL: DESARROLLO CONDICIONADO Y ARQUITECTURA DE DEPENDENCIA

    Presentado como motor del “desarrollo”, el Banco Mundial replica la anatomía de poder del FMI: voto ponderado, silla asegurada para los grandes accionistas y una presidencia tradicionalmente estadounidense. Desde Washington —y en sincronía con el FMI— fija el marco de juego: los cinco principales accionistas pueden coordinar posiciones y orientar préstamos, políticas y presupuestos país. La fachada cooperativa encubre una gobernanza oligárquica que traduce poder financiero en poder normativo.

    Su influencia no se limita a financiar obras. A través de sus instrumentos (IPF, PforR y DPF) interviene en reglas, marcos regulatorios y diseños administrativos, empaquetando agendas como “mejores prácticas”. Privatizaciones, liberalización, integración en cadenas globales y reformas institucionales se vuelven requisitos técnicos más que opciones políticas, con frecuencia abriendo mercados y contratos a corporaciones del Norte Global. Bajo la etiqueta de “sostenible”, promueve esquemas de mercantilización ambiental (p. ej., mercados de carbono) que trasladan costos al Sur mientras aseguran nuevos nichos financieros.

    Los resultados son ambivalentes: sí, se levantan carreteras, hospitales o redes de agua; pero a menudo acompañados de dependencias tecnológicas y financieras, debilitamiento de capacidades locales y deterioro del tejido productivo (especialmente agrícola) por liberalizaciones que desplazan a pequeños productores. La simbiosis con el FMI cierra el círculo: disciplina macro de corto plazo y moldeamiento “desarrollista” de largo plazo, con acceso a financiamiento y cooperación condicionado al cumplimiento del mismo guion.

    La creciente búsqueda de alternativas (AIIB, NDB de los BRICS, fondos soberanos, swaps) muestra que, cuando hay opciones sin condicionalidad política, muchos países las prefieren. Reequilibrar exigiría rediseñar la gobernanza (menos veto de facto, más representación del Sur), condicionalidad con salvaguardas sociales y productivas, compras y contenido local como regla, y evaluación ex post independiente y pública de impactos reales. Sin ese giro, el Banco Mundial seguirá operando más como arquitecto de dependencia que como aliado de un desarrollo genuinamente autónomo.