El W3C (World Wide Web Consortium) es el arquitecto invisible de la Web: define los lenguajes y protocolos que usamos a diario y, con ellos, las formas en que millones de personas acceden, crean y comparten información. Su imagen de neutralidad técnica y cooperación abierta convive con un hecho incómodo: convertir decisiones políticas sobre comunicación, privacidad y competencia en “estándares” supuestamente apolíticos. En ese tránsito, un puñado de grandes plataformas y élites técnicas fijan el rumbo de la infraestructura digital global.
La gobernanza por “consenso”, la membresía de pago y el trabajo en grupos altamente especializados elevan barreras de entrada que favorecen a quienes tienen músculo financiero y plantillas de ingenieros. La llamada “soft law” de los estándares termina operando como ley dura: lo que el W3C aprueba se convierte en norma de facto para navegadores, servicios y dispositivos. También pesan incentivos que anclan el statu quo —como políticas de patentes “royalty-free” diseñadas para maximizar adopción por parte de incumbentes— y la coordinación con otros consorcios técnicos que actúan como un gobierno digital sin urnas.
Las consecuencias se sienten en la capa social: marcos de “privacidad” que legitiman modelos de extracción de datos mediante avisos y cookies; capacidades del navegador (geolocalización, acceso a cámara/micrófono, almacenamiento) desplegadas como mejoras de experiencia, pero útiles para vigilancia y perfiles invasivos; y una preferencia estructural por arquitecturas centralizadas que consolidan plataformas, frente a alternativas descentralizadas que devolverían soberanía a usuarios y comunidades.
Reequilibrar exige abrir la caja negra: representación real de usuarios y actores públicos, evaluaciones de impacto social y de competencia antes de estandarizar, compatibilidad obligatoria con privacidad por diseño, y una agenda explícita para protocolos descentralizados e interoperabilidad fuerte. Si no, seguiremos confundiendo “técnico” con “neutral”: los estándares continuarán decidiendo, de forma silenciosa, cuestiones que deberían debatirse políticamente.