La medicina no es sólo cálculo; es deliberación, contexto, prudencia, escucha. Históricamente, el médico integra datos clínicos con circunstancias singulares: historia personal, entorno, preferencias, factores psicológicos, intuiciones prudentes. Cuando la decisión se subordina a un sistema automatizado, esa riqueza se reduce a variables procesables. Y lo que se gana en eficiencia puede pagarse con una pérdida silenciosa: la capacidad humana de discernir lo que no cabe en una tabla.
La presión institucional refuerza el desplazamiento: si el algoritmo recomienda una intervención y el profesional la cuestiona, puede temer consecuencias legales, reproches por desviarse del “estándar” o simplemente la autoridad epistémica atribuida al modelo (“la máquina lo sabe mejor”). Así, profesiones de cuidado corren el riesgo de transformarse en funciones de implementación: menos empatía y menos discreción, más cumplimiento. En lugar de acompañar personas, se gestionan casos; en lugar de tratar pacientes, se optimizan poblaciones. En este marco, la “presunción de enfermedad potencial” se vuelve arquitectura de gobierno: clasificaciones continuas que condicionan oportunidades y libertades “por tu bien”, basadas en futuros probabilísticos. Es un totalitarismo blando porque no necesita prohibir explícitamente: basta con distribuir ventajas y restricciones según perfiles de riesgo, siempre con lenguaje sanitario.
Por eso, es inconcebible defender el ODS3 de la Agenda 2030 sin una vigilancia ética adicional: la salud es un bien, pero también puede ser un pretexto. Y la línea roja es nítida: una prevención que no respeta autonomía, explicabilidad y límites acaba siendo control. Todos elementos que la Agenda 2030 parece obviar…