La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, actúa como el gran árbitro de la conectividad global: reparte el espectro radioeléctrico y asigna órbitas satelitales, recursos escasos de los que dependen telefonía, internet, navegación aérea y marítima, observación terrestre y defensa. Su narrativa es la de la cooperación técnica y la inevitabilidad del progreso; su poder real, el de fijar quién puede emitir, con qué tecnología y bajo qué condiciones. En la práctica, decisiones presentadas como “neutrales” moldean la manera en que miles de millones de personas se comunican.
La gobernanza híbrida —Estados junto a centenares de actores privados y académicos— se resuelve en comisiones altamente técnicas donde quien dispone de músculo financiero y equipos especializados marca la agenda. Aunque muchas resoluciones se llaman “recomendaciones”, operan como normas de facto: la necesidad de interoperar convierte el “soft law” en obligación práctica. Así, estándares y planes de bandas no solo impulsan determinadas tecnologías y proveedores; también dejan en la cuneta alternativas que podrían favorecer autonomía local.
Las implicaciones geopolíticas son claras. Al definir usos del espectro y corredores orbitales, la UIT influye en capacidades civiles y militares, en la vigilancia, en la resiliencia de infraestructuras críticas y en la balanza de poder entre plataformas centralizadas y soluciones descentralizadas. Bajo programas de inclusión digital y asistencia técnica, se crean dependencias tecnológicas que alinean a países en desarrollo con arquitecturas y equipos de los actores dominantes, reforzando un mapa de control que se decide lejos del escrutinio ciudadano.
Reequilibrar este ecosistema exigiría transparencia radical en procesos y patentes, salvaguardas de interés público (privacidad por diseño, límites a la concentración), cuotas efectivas para países con menor capacidad técnica, evaluación de impacto social antes de estandarizar y una agenda explícita para interoperabilidad abierta y soluciones distribuidas. Sin estos contrapesos, la UIT seguirá operando como un gobierno tecnocrático invisible: eficiente, sí, pero inclinado a consolidar el poder de quienes ya controlan la infraestructura de nuestro siglo.