Los dispositivos de monitorización prometen salud: pasos, sueño, frecuencia cardíaca, variabilidad, estrés, hábitos… En sí mismos, pueden ser herramientas útiles. El problema aparece cuando, sin decirlo abiertamente, pasan de ser opción a convertirse en lenguaje obligatorio para acreditar normalidad. Ya no basta con no tener síntomas o con sentirse bien: ahora la salud se traduce en producción constante de datos que confirmen adhesión a parámetros “óptimos” definidos algorítmicamente.
Este giro instala una asimetría radical. Las instituciones acceden a modelos opacos y a millones de datos agregados; el individuo, en cambio, rara vez comprende cómo se calcula su riesgo, qué variables pesan más o cómo corregir un error de clasificación. Si el sistema etiqueta a alguien como “alto riesgo”, su experiencia subjetiva —“me encuentro bien”— pierde autoridad frente a un número que se presenta como conocimiento superior. Y lo decisivo es que ese número puede condicionar primas de seguros, acceso a servicios, recomendaciones clínicas, e incluso oportunidades laborales, aunque se base en correlaciones imperfectas o sesgadas.
Así, lo que nace como prevención puede evolucionar hacia un régimen de autocontrol: el cuerpo se convierte en interfaz de cumplimiento y el ciudadano aprende que conviene comportarse como alguien “de bajo riesgo”. El ODS3 pretende proteger la salud; pero si la protección se transforma en un sistema de clasificación permanente, el bienestar puede acabar confundido con conformidad. Y entonces la pregunta ética cambia de forma: ¿estamos mejorando la salud o estamos gestionando poblaciones según perfiles, con incentivos y castigos invisibles?