El consentimiento informado se define con cuatro requisitos —libre, específico, informado e inequívoco— y, sobre el papel, parece una garantía sólida de autonomía. Pero en la práctica sanitaria contemporánea, muchas veces se degrada a un gesto administrativo: un formulario, una casilla, una firma. Y cuando el consentimiento se vuelve rutina burocrática, deja de ser un acto humano de deliberación para convertirse en un salvoconducto institucional.
La clave está en entender que “libre” no significa únicamente “sin amenaza directa”. La coerción también puede ser estructural: elegir entre un tratamiento económicamente ruinoso o el empeoramiento de la salud no es una elección auténtica, aunque nadie presione con palabras. De igual modo, “específico” e “informado” se vuelven frágiles cuando la complejidad técnica obliga a simplificar, cuando la jerga sustituye a la comprensión real o cuando la incertidumbre se presenta con un barniz de certeza que tranquiliza, pero no ilumina.
Si el ODS3 habla de salud y bienestar, conviene defender una idea fuerte: sin consentimiento genuino no hay cuidado, hay gestión. Y el cuidado empieza cuando el sistema acepta que la autonomía no se “cumple” con una firma, sino que se cultiva con tiempo, claridad, posibilidad real de alternativas y respeto a valores personales que no siempre coinciden con la lógica de maximización de resultados clínicos.