Una economía digital justa no puede construirse sobre cajas negras. El desarrollo del euro digital y de sistemas de identidad digital requiere algo más que innovación técnica: necesita una supervisión ética clara, independiente y transparente, que garantice que el poder no se concentre en manos de unos pocos y que los abusos sean prevenidos antes de que ocurran.

Cuando las reglas del juego las escriben los mismos que gestionan la tecnología, el riesgo de arbitrariedad aumenta. ¿Quién decide qué datos se recogen, quién los ve, con qué fines se usan? ¿Quién audita los algoritmos que programan nuestras monedas, bloquean nuestras cuentas o definen nuestras opciones de consumo? La ética no puede ser solo una declaración de intenciones: debe traducirse en estructuras reales de vigilancia democrática.

Por eso es necesario que existan organismos autónomos, con participación ciudadana y expertos en derechos fundamentales, que auditen el sistema económico digital. Que la transparencia sea no solo un principio técnico, sino una garantía humana. Porque la confianza en la tecnología no se basa en la fe ciega, sino en la certeza de que hay límites, responsabilidades y mecanismos de corrección. La tecnología debe estar al servicio de la verdad y de la justicia, no de intereses ocultos.