• Economía

    CUANDO EL MISMO RECURSO NO VALE LO MISMO (3 de 6)

    Una de las aportaciones más finas del enfoque de las capacidades es explicar por qué el mismo recurso produce efectos distintos. Entre el recurso (por ejemplo, un ingreso, una ayuda, un servicio) y el funcionamiento (por ejemplo, estar bien nutrido, desplazarse, estudiar) existen los llamados factores de conversión: condiciones personales, sociales y ambientales que determinan si algo se transforma —o no— en vida posible.

    Piénsalo en términos cotidianos: una misma dieta no nutre igual a una persona con alergias, a alguien embarazado o a quien realiza trabajo físico intenso. Lo mismo ocurre con educación, vivienda o tecnología: el “valor real” depende de contextos y de barreras. Medir solo el recurso puede ser cómodo, pero es epistemológicamente pobre: describe el “input”, no la libertad efectiva.

    Este punto tiene un enorme potencial para el pensamiento crítico: nos vacuna contra diagnósticos simplistas del tipo “si ya hay acceso, el problema está resuelto”. A veces, lo más decisivo no es añadir más recursos, sino derribar las barreras que impiden convertirlos en capacidades.

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  • Economía

    FUNCIONAMIENTOS Y CAPACIDADES (2 de 6)

    Una confusión frecuente es identificar bienestar con resultados visibles. El enfoque de capacidades introduce una distinción imprescindible: los funcionamientos son los “seres y haceres” efectivos (estar sano, aprender, participar, trabajar, moverse con seguridad); las capacidades son el conjunto de oportunidades reales para lograr esos funcionamientos. Es decir: lo que vives frente a lo que podrías vivir.

    Esta diferencia evita errores de interpretación. Dos personas pueden mostrar el mismo resultado y, sin embargo, vivir realidades opuestas: no salir de casa puede ser descanso elegido… o encierro impuesto por inseguridad, falta de accesibilidad, precariedad o miedo. El enfoque obliga a la pregunta crítica: ¿hay elección o hay ausencia de alternativas?

    Aplicado a políticas públicas, esto cambia la evaluación: no basta con medir “lo alcanzado” en promedio; hay que mirar la amplitud del conjunto de opciones de la gente, y cómo se distribuye.

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  • Geopolítica

    OCDE: CONOCIMIENTO “TÉCNICO” Y HEGEMONÍA NEOLIBERAL

    La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) funciona como un club selecto de economías avanzadas que convierte preferencias ideológicas en “mejores prácticas” universales. Su prestigio académico y la liturgia del consenso proyectan neutralidad, pero tras esa fachada actúa un mecanismo de estandarización global: pertenecer (o aspirar a pertenecer) al club induce a gobiernos a alinear sus agendas con el paradigma que la organización legitima —competitividad, liberalización y disciplina fiscal— incluso antes de ser miembros.

    El poder real no está en comunicados públicos sino en engranajes de “soft law”: producción de informes que se presentan como conocimiento superior, sistemas de revisión por pares que ejercen presión política sin coerción formal y redes de expertos que, formados en marcos ortodoxos, retornan a sus países como multiplicadores ideológicos. La financiación y el peso de las grandes economías —con EEUU como mayor contribuyente— orientan prioridades y consolidan una Secretaría intensiva en economistas, donde la liberalización se asume como axioma.

    Ese dispositivo se acopla con otras instituciones, amplificando su alcance: guías, estándares y “policy know-how” viajan con condicionalidades de bancos de desarrollo y planes país, trasladando al Sur global un recetario que no siempre calza con sus estructuras productivas. El resultado político-social es visible: flexibilización laboral, privatización de servicios, austeridad pos-2008 y desregulación financiera que socializaron pérdidas y profundizaron desigualdades, también dentro de varios miembros del propio club.

    En términos geopolíticos, la OCDE opera como centro de persuasión que despolitiza decisiones distributivas, presentándolas como inevitables. Reequilibrar exigiría pluralizar los marcos analíticos, someter sus recomendaciones a evaluación independiente ex post (impacto social y productivo, no solo eficiencia), y dotar de voz efectiva a países no miembros afectados por sus estándares. Mientras eso no ocurra, la organización seguirá siendo una palanca de hegemonía ideológica más que un foro neutral de cooperación para el desarrollo.

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  • Geopolítica

    FMI: LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL RESCATE

    El FMI se presenta como el engranaje multilateral de la estabilidad financiera, pero su arquitectura concentra el poder real en pocas manos. La Junta de Gobernadores funciona como fachada representativa, mientras el Directorio Ejecutivo —apenas un puñado de sillas— decide el día a día. El sistema de cuotas lo vertebra todo (aportes, acceso a recursos, poder de voto), consolidando una representación sobredimensionada del Norte Global y un poder de bloqueo de facto para las principales potencias. El resultado: una gobernanza oligárquica con apariencia universal.

    La influencia del Fondo se ejerce a través de la condicionalidad: programas que exigen reformas fiscales, monetarias y regulatorias alineadas con el conocido consenso de Washington. Lo que se presenta como “técnico” es profundamente político: privatizaciones, liberalización financiera y disciplina fiscal priorizan la estabilidad de acreedores y mercados sobre el tejido productivo y social de los países deudores. La ubicación, redes y cultura económica dominante del organismo refuerzan ese sesgo: recomendaciones empaquetadas como neutralidad experta que despolitizan decisiones de alto impacto distributivo.

    En las crisis, la pauta se repite: protección del sistema financiero y socialización de pérdidas, con el coste trasladado a salarios, empleo y servicios públicos. La condicionalidad del FMI, además, actúa como puerta de acceso (o cierre) a otros flujos de financiación, multiplicando su capacidad de presión. La infrarrepresentación del Sur Global, la inercia en las reformas de cuotas y la selección de liderazgos consolidan un statu quo que se resiste a reflejar la nueva realidad económica. No es casual que varios países exploren alternativas (acuerdos de swaps, bancos de desarrollo regionales, BRICS) para escapar de esa camisa de fuerza.

    Reequilibrar el tablero exigiría rediseñar la gobernanza (desacoplar voto de aportes, limitar vetos), introducir cláusulas sociales mínimas en la condicionalidad, compartir cargas con los acreedores privados (bail-ins), abrir los modelos y supuestos a escrutinio independiente y garantizar evaluación ex post de impactos reales. Mientras eso no ocurra, el FMI seguirá operando menos como garante de estabilidad global y más como herramienta de disciplina macroeconómica al servicio de quienes ya mandan en el sistema.

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