Las infraestructuras no son neutrales; determinan físicamente qué actividades económicas son posibles, dónde pueden ocurrir, y quiénes pueden participar. Cuando el Estado decide construir masivamente puntos de recarga eléctrica pero no mantener carreteras rurales, no solo está asignando recursos sino diseñando el futuro: facilita movilidad eléctrica urbana de élites mientras dificulta movilidad de combustión de mayorías trabajadoras. Cuando financia ferrocarril de alta velocidad entre capitales pero desatiende redes convencionales de mercancías, prioriza turismo y servicios sobre industria y logística. Cuando subsidia desalinización con renovables pero veta presas tradicionales, impone soluciones tecnológicamente complejas y dependientes de importaciones sobre infraestructuras probadas durante siglos que países desarrollados utilizaron para su propio desarrollo.
Esta selectividad revela que “construir infraestructuras” no es un ejercicio técnico de ingeniería que responde a necesidades documentadas sino un proyecto político de ingeniería social que moldea físicamente el tipo de sociedad que élites tecnocráticas decidieron que debemos tener. Las infraestructuras que se construyen facilitan ciertos modos de vida (urbano, eléctrico, digitalizado, dependiente de tecnologías importadas) mientras las que se omiten dificultan alternativas (rural, basado en combustión asequible, autónomo de redes complejas).
Una comarca que no recibe inversión en carreteras porque “no suma etiquetado climático” no carece simplemente de infraestructura sino que ve limitadas sus opciones de desarrollo económico: sin conectividad adecuada no puede atraer industrias, comercializar productos agrícolas eficientemente, o retener población joven que migra hacia ciudades con mejores servicios.
El control sobre infraestructuras es control sobre el destino colectivo. Históricamente, las sociedades decidían democráticamente qué infraestructuras construir según sus prioridades: conectar territorios aislados, industrializar regiones deprimidas, garantizar seguridad hídrica. El ODS 9, mediante la condicionalidad de financiamiento a criterios climáticos, transforma estas decisiones fundamentales en tecnocráticas: algoritmos de “contribución a descarbonización” determinan qué se construye, evaluaciones DNSH administradas discrecionalmente vetan alternativas, y prioridades políticas disfrazadas de imperativo técnico sustituyen debate democrático sobre qué tipo de sociedad queremos construir físicamente. Dentro de décadas, nuestros descendientes heredarán paisaje de infraestructuras -cargadores eléctricos urbanos, redes inteligentes, desalinizadoras, parques solares- que reflejará no sus necesidades o preferencias sino las obsesiones climáticas de élites de principios del siglo XXI que utilizaron crisis real para imponer su visión de sociedad ideal mediante la herramienta más permanente y menos reversible disponible: el hormigón, el acero, y la geografía física del desarrollo.