La OMS funciona con una asimetría de origen: menos de una quinta parte de su presupuesto proviene de cuotas obligatorias controladas por los Estados; el resto son aportes “voluntarios” de gobiernos, fundaciones y alianzas público-privadas. Esa arquitectura invierte la lógica democrática: quien financia de forma discrecional orienta prioridades, ritmos y temas, y puede retirar fondos si la agenda no encaja con sus intereses. En la práctica, grandes donantes privados y partenariados del ecosistema farmacéutico han ganado un peso que supera al de la mayoría de países miembro.
Ese poder se traduce en capacidad de condicionar políticas nacionales bajo el ropaje de recomendaciones “técnicas”. La pandemia amplificó el fenómeno: medidas de confinamiento, mascarillas, distancias y calendarios vacunales se implementaron como mandatos incuestionables. Ahora, el “Acuerdo sobre Pandemias” consolida marcos vinculantes y una coordinación con FMI y Banco Mundial que puede activar condicionalidad financiera: salud pública convertida en palanca de gobernanza global. Paralelamente, la creación de mecanismos como GAVI, Fondo Mundial, CEPI o COVAX —con fuerte impronta de la industria— permite operar fuera del control directo de la OMS, pero con su sello de legitimidad.
El resultado geopolítico ha sido especialmente duro para el Sur global: economías informales devastadas por cierres prolongados, dependencia de compras centralizadas y barreras de propiedad intelectual que frenaron la producción local. La narrativa “única” sobre estrategias y orígenes, sumada a la descalificación de debates científicos legítimos, estrechó el pluralismo crítico necesario en una crisis de alta incertidumbre. A esto se añaden tensiones de la propia descentralización (como en la OPS), donde agendas regionales y presiones de financiadores erosionan la coherencia global.
Si la OMS aspira a recuperar legitimidad, necesita reequilibrar su gobierno: elevar el peso de las cuotas no condicionadas, publicar contratos y beneficiarios finales en tiempo real, levantar cortafuegos entre donación privada y fijación de agenda, garantizar auditorías de impacto independientes con datos abiertos y proteger el disenso científico como bien público. Sin esos contrapesos, la salud global seguirá orbitando alrededor de chequeras y no de parlamentos.
