La competencia para consentir no es un interruptor: no se tiene o no se tiene. Es un continuo que cambia con el tipo de decisión, el estado emocional, el dolor, la medicación o el estrés. Sin embargo, en la práctica se aplica un criterio inquietante: se examina más la competencia cuando el paciente rechaza lo recomendado que cuando acepta dócilmente. Ahí reaparece un paternalismo sutil: la autonomía se respeta mientras sea “razonable”, es decir, mientras coincida con la recomendación experta.
Este problema se vuelve aún más complejo con menores de edad y con conflictos entre valores: razones religiosas, culturales o concepciones distintas de bienestar. La medicina tiende a priorizar la preservación de la vida biológica como valor supremo, y eso puede chocar con otras jerarquías legítimas de sentido. La pregunta crítica no es si la medicina debe “ceder siempre”, sino si el sistema reconoce de verdad que existen valores —no solo datos— en juego, y que el consentimiento auténtico exige respeto por esa dimensión.
Por eso el consentimiento informado no es solo una cuestión de información técnica: es una cuestión de capacidades. Identificar supuestos implícitos, evaluar la calidad de la evidencia, detectar sesgos y conflictos de interés, tolerar incertidumbre sin caer en credulidad ni rechazo dogmático, y articular valores propios. Un sistema que se tomara en serio el ODS3 facilitaría segundas opiniones, daría tiempo y apoyo para comprender, y aceptaría como legítimas decisiones divergentes. Si no lo hace, el consentimiento corre el riesgo de ser un ritual: un “sí” formal que encubre una renuncia práctica a decidir.