La laicidad no es sinónimo de hostilidad hacia lo religioso, sino un principio que promueve la neutralidad del Estado y el reconocimiento de la pluralidad. A partir de la separación entre la esfera civil y las confesiones, el objetivo no es suprimir la religión del ámbito público, sino garantizar que ninguna fe se imponga como oficial y que, al mismo tiempo, todas gocen de iguales derechos.
En ese sentido, la libertad religiosa es un derecho humano fundamental que no solo protege la dimensión interna de la conciencia -la posibilidad de creer o no-, sino también la dimensión externa, esto es, la práctica y manifestación pública de la fe. Este derecho se convierte en piedra angular de cualquier democracia que se precie de defender la dignidad y la igualdad de sus ciudadanos.
Gracias a este vínculo entre laicidad y libertad religiosa, se fomenta un clima de tolerancia que hace posible la convivencia de distintos grupos culturales y espirituales. Cuando el Estado se mantiene neutral y respeta las diferentes confesiones, contribuye a la consolidación de una sociedad cohesionada, abierta y sensible a la diversidad, en la que ninguna creencia se ve marginada ni privilegiada.