No todas las instituciones hacen el mismo tipo de sociedad. Algunas amplían la participación, reducen arbitrariedades y ofrecen un marco razonablemente abierto para la iniciativa y la responsabilidad. Otras, en cambio, concentran poder, reparten ventajas entre minorías bien situadas y convierten el sistema en un mecanismo de extracción. Esta distinción, desarrollada por Daron Acemoglu, ayuda a leer de forma mucho más precisa la diferencia entre un orden político relativamente sano y otro que empieza a degradarse por dentro.
La fuerza del concepto de “instituciones extractivas” está en que permite ir más allá de la indignación puntual. No obliga a fijarse sólo en un escándalo, un abuso o un caso concreto. Obliga a mirar la lógica del conjunto. ¿Cómo están organizadas las reglas? ¿Quién se beneficia de la complejidad? ¿Quién tiene acceso real al proceso de decisión? ¿Quién soporta los costes dispersos del sistema? Es ahí donde se descubre si una institución está orientada al bien común o si ha empezado a convertirse en un circuito de privilegios y dependencias.
Además, esta idea resulta especialmente fecunda hoy porque la extracción no siempre adopta formas groseras. Ya no hace falta imaginar sólo monopolios evidentes, dictaduras abiertas o oligarquías sin disimulo. La extracción puede funcionar dentro de marcos formalmente legales, bajo discursos de modernización, eficiencia o buena gestión. Puede esconderse en la regulación, en la tecnocracia, en el acceso privilegiado a la información o en la capacidad de influir sobre procedimientos que a simple vista parecen neutrales.
Por eso el concepto tiene un gran valor pedagógico. Ayuda a comprender por qué una sociedad puede conservar elecciones, organismos, tribunales y plataformas digitales, y aun así volverse menos libre en la práctica. Cuando el acceso pesa más que la norma y la mediación pesa más que el derecho, la institución ha empezado a cambiar de naturaleza. Y esa transformación, aunque no siempre se vea de inmediato, acaba afectando de lleno a la libertad del ciudadano y a la salud de la democracia.