ACNUR opera en un estado de emergencia casi permanente: decenas de crisis simultáneas, con picos de máxima gravedad, lo convierten en un actor imprescindible para salvar vidas. Su triple eje —protección, asistencia y “soluciones” (repatriación, reasentamiento, integración)— permite responder con rapidez donde fallan los Estados. La organización distribuye ayuda vital (alimentos, agua, refugio, atención médica) y coordina esfuerzos internacionales que marcan la diferencia en Sudán, Siria o Afganistán cuando la supervivencia inmediata está en juego.
Pero esa eficacia humanitaria convive con una dimensión sistémica más ambigua. ACNUR gestiona las consecuencias de un orden internacional que produce desplazamientos —guerras proxy, sanciones, colapsos estatales— sin capacidad real para atacar sus causas. Su financiación voluntaria y la necesidad de mantener relaciones con los mismos gobiernos que alimentan las crisis crean dependencias: se prioriza la administración del “síntoma” sobre la resolución estructural. Además, las “soluciones” tienen límites evidentes: el reasentamiento cubre a menos del 1% de los refugiados, la repatriación suele devolver a contextos no transformados y la integración local traslada costes a países de tránsito con recursos escasos.
El poder de condicionamiento también es real. Estándares y marcos promovidos por ACNUR presionan a los Estados receptores a adoptar leyes, procedimientos y políticas de integración alineados con referencias internacionales más que con capacidades nacionales. En paralelo, la asignación de atención y recursos revela sesgos geopolíticos: algunos éxodos reciben trato preferente frente a otros de igual o mayor gravedad. La ampliación del fenómeno con los desplazamientos climáticos expone otra limitación: el mandato legal de ACNUR nació para conflictos y persecución política, no para crisis ambientales de escala creciente.
El balance, por tanto, es dual. ACNUR salva vidas y es insustituible en la fase aguda de las emergencias; pero también opera como engranaje de un sistema que externaliza los costes humanos de decisiones geopolíticas. Reequilibrar esa tensión exige transparencia radical en la financiación, métricas de impacto que vayan más allá del conteo de entregas, mayor corresponsabilidad de los Estados que generan inestabilidad y vías reales —no testimoniales— para soluciones duraderas. Sin ello, el número de desplazados (ya en máximos históricos) seguirá creciendo, y la respuesta humanitaria continuará administrando el daño en lugar de reducirlo.
