El financiamiento público de I+D representa 30-50% de inversión total en investigación empresarial, especialmente para PYMEs. Cuando este financiamiento masivo se condiciona a “contribución climática”, la naturaleza de la investigación se transforma radicalmente. Los proyectos ya no compiten por excelencia técnica o potencial comercial sino por capacidad de demostrar alineación con agenda de descarbonización. Tecnologías de almacenamiento energético, captura de carbono, materiales “sostenibles”, y agricultura regenerativa reciben fondos garantizados: prácticamente cualquier propuesta en estas áreas encuentra financiamiento abundante. Esta abundancia atrae investigadores, empresas, y capital privado, creando ecosistema vibrante de innovación en áreas políticamente favorecidas. Simultáneamente, mejoras incrementales en tecnologías tradicionales eficientes -optimización de motores de combustión, eficiencia de procesos industriales térmicos- se perciben como “perpetuar paradigma obsoleto” y enfrentan rechazo sistemático.
Un equipo que propone mejorar eficiencia de motores diésel -que impulsan transporte de mercancías y maquinaria agrícola sin alternativas viables- enfrenta denegación porque el proyecto “no se alinea con descarbonización”, ignorando que mejorar tecnologías existentes que seguirán usándose durante décadas genera impacto ambiental inmediato. La investigación en sectores “problemáticos” como aviación con combustibles fósiles o ganadería intensiva se estigmatiza: desarrollos en combustibles sintéticos para aviación (e-fuels) que permitirían descarbonización sin reemplazar flotas reciben financiamiento marginal comparado con hidrógeno verde a pesar de ser más viables técnicamente. La investigación médica que no incorpora “sostenibilidad”, innovaciones en materiales que mejoran propiedades sin reducir huella de carbono, o química fina que optimiza procesos sin cambiar matriz energética quedan marginadas por ausencia de etiquetado verde.
Las empresas responden racionalmente: orientan departamentos de I+D hacia áreas subsidiadas independientemente de si son más prometedoras comercialmente. Un director de I+D enfrenta disyuntiva: invertir en investigación técnicamente superior pero sin cofinanciamiento público, o seguir el dinero hacia áreas “verdes” donde el Estado garantiza multiplicación de presupuesto. El resultado es sobreinversión en tecnologías favorecidas con cientos de equipos persiguiendo variantes similares (baterías de litio, prototipos de vehículos eléctricos), duplicando esfuerzos porque todos persiguen los mismos fondos abundantes. Simultáneamente, áreas con potencial significativo pero sin etiquetado climático quedan subinvestidas. Este ecosistema distorsionado donde recursos de investigación no reflejan fronteras de conocimiento científico ni oportunidades comerciales sino prioridades políticas replica errores de planificación central: burócratas en lugar de científicos y mercados determinan qué investigar, generando ineficiencia masiva y aumentando probabilidad de que apuestas políticamente determinadas resulten subóptimas mientras alternativas prometedoras quedan sin explorar.