España necesita inversión urgente en infraestructuras: carreteras deterioradas, redes hídricas envejecidas, puentes superando vida útil de diseño. Sin embargo, cuando llegan los fondos masivos del Plan de Recuperación, una comarca rural con carreteras peligrosas que necesitan mantenimiento urgente ve denegada su solicitud porque “mejorar carreteras no contribuye suficientemente a descarbonización”. Esos mismos fondos fluyen generosamente hacia zonas urbanas para instalar miles de puntos de recarga de vehículos eléctricos que actualmente sirven al 3-5% del parque automovilístico, beneficiando a minorías urbanas con ingresos suficientes para permitirse coches de 40.000 euros. Una familia rural que depende de su vehículo diésel porque no hay transporte público ve cómo sus impuestos subsidian infraestructuras que nunca usará, mientras las carreteras que recorre diariamente se deterioran progresivamente.
Esta asignación perversa no responde a análisis técnicos de necesidad sino a criterios políticos donde la “contribución climática” pesa más que urgencia social o utilidad económica. El principio DNSH (Do No Significant Harm) otorga a burócratas poder discrecional para vetar infraestructuras alegando “impacto climático”, ignorando que una carretera segura es derecho básico independientemente de si suma “etiquetado verde”. Infraestructuras de hidrógeno verde -tecnología inmadura, costosa, y sin viabilidad comercial- reciben miles de millones porque encajan en narrativa de descarbonización, mientras puertos necesarios para importar gas natural se bloquean por “perpetuar combustibles fósiles”, ignorando que el gas es crítico para seguridad energética y respaldo de renovables intermitentes.
La justicia distributiva se invierte completamente: poblaciones urbanas de ingresos altos reciben subsidios masivos para infraestructuras “verdes” que mejoran su calidad de vida, mientras poblaciones rurales y clases trabajadoras ven deteriorarse infraestructuras críticas para su subsistencia porque no generan narrativa climática. La “sostenibilidad” se convierte en transferencia regresiva que beneficia a privilegiados mientras margina a vulnerables, invirtiendo la retórica de “inclusión” que supuestamente guía estos programas. Cuando una política llamada “reconstrucción de infraestructuras” deja sin arreglar las que la mayoría usa para financiar las que minorías disfrutan, hemos perdido cualquier pretensión de equidad.