La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) funciona como un club selecto de economías avanzadas que convierte preferencias ideológicas en “mejores prácticas” universales. Su prestigio académico y la liturgia del consenso proyectan neutralidad, pero tras esa fachada actúa un mecanismo de estandarización global: pertenecer (o aspirar a pertenecer) al club induce a gobiernos a alinear sus agendas con el paradigma que la organización legitima —competitividad, liberalización y disciplina fiscal— incluso antes de ser miembros.
El poder real no está en comunicados públicos sino en engranajes de “soft law”: producción de informes que se presentan como conocimiento superior, sistemas de revisión por pares que ejercen presión política sin coerción formal y redes de expertos que, formados en marcos ortodoxos, retornan a sus países como multiplicadores ideológicos. La financiación y el peso de las grandes economías —con EEUU como mayor contribuyente— orientan prioridades y consolidan una Secretaría intensiva en economistas, donde la liberalización se asume como axioma.
Ese dispositivo se acopla con otras instituciones, amplificando su alcance: guías, estándares y “policy know-how” viajan con condicionalidades de bancos de desarrollo y planes país, trasladando al Sur global un recetario que no siempre calza con sus estructuras productivas. El resultado político-social es visible: flexibilización laboral, privatización de servicios, austeridad pos-2008 y desregulación financiera que socializaron pérdidas y profundizaron desigualdades, también dentro de varios miembros del propio club.
En términos geopolíticos, la OCDE opera como centro de persuasión que despolitiza decisiones distributivas, presentándolas como inevitables. Reequilibrar exigiría pluralizar los marcos analíticos, someter sus recomendaciones a evaluación independiente ex post (impacto social y productivo, no solo eficiencia), y dotar de voz efectiva a países no miembros afectados por sus estándares. Mientras eso no ocurra, la organización seguirá siendo una palanca de hegemonía ideológica más que un foro neutral de cooperación para el desarrollo.