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    INFRAESTRUCTURAS COMO DESTINO: CONSTRUYENDO LA SOCIEDAD QUE EL ESTADO ELIGIÓ

    Las infraestructuras no son neutrales; determinan físicamente qué actividades económicas son posibles, dónde pueden ocurrir, y quiénes pueden participar. Cuando el Estado decide construir masivamente puntos de recarga eléctrica pero no mantener carreteras rurales, no solo está asignando recursos sino diseñando el futuro: facilita movilidad eléctrica urbana de élites mientras dificulta movilidad de combustión de mayorías trabajadoras. Cuando financia ferrocarril de alta velocidad entre capitales pero desatiende redes convencionales de mercancías, prioriza turismo y servicios sobre industria y logística. Cuando subsidia desalinización con renovables pero veta presas tradicionales, impone soluciones tecnológicamente complejas y dependientes de importaciones sobre infraestructuras probadas durante siglos que países desarrollados utilizaron para su propio desarrollo.

    Esta selectividad revela que “construir infraestructuras” no es un ejercicio técnico de ingeniería que responde a necesidades documentadas sino un proyecto político de ingeniería social que moldea físicamente el tipo de sociedad que élites tecnocráticas decidieron que debemos tener. Las infraestructuras que se construyen facilitan ciertos modos de vida (urbano, eléctrico, digitalizado, dependiente de tecnologías importadas) mientras las que se omiten dificultan alternativas (rural, basado en combustión asequible, autónomo de redes complejas).

    Una comarca que no recibe inversión en carreteras porque “no suma etiquetado climático” no carece simplemente de infraestructura sino que ve limitadas sus opciones de desarrollo económico: sin conectividad adecuada no puede atraer industrias, comercializar productos agrícolas eficientemente, o retener población joven que migra hacia ciudades con mejores servicios.

    El control sobre infraestructuras es control sobre el destino colectivo. Históricamente, las sociedades decidían democráticamente qué infraestructuras construir según sus prioridades: conectar territorios aislados, industrializar regiones deprimidas, garantizar seguridad hídrica. El ODS 9, mediante la condicionalidad de financiamiento a criterios climáticos, transforma estas decisiones fundamentales en tecnocráticas: algoritmos de “contribución a descarbonización” determinan qué se construye, evaluaciones DNSH administradas discrecionalmente vetan alternativas, y prioridades políticas disfrazadas de imperativo técnico sustituyen debate democrático sobre qué tipo de sociedad queremos construir físicamente. Dentro de décadas, nuestros descendientes heredarán paisaje de infraestructuras -cargadores eléctricos urbanos, redes inteligentes, desalinizadoras, parques solares- que reflejará no sus necesidades o preferencias sino las obsesiones climáticas de élites de principios del siglo XXI que utilizaron crisis real para imponer su visión de sociedad ideal mediante la herramienta más permanente y menos reversible disponible: el hormigón, el acero, y la geografía física del desarrollo.

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  • Energía

    LA I+D AL SERVICIO DE LA IDEOLOGÍA: CUANDO EL ESTADO DECIDE QUÉ INVESTIGAR

    El financiamiento público de I+D representa 30-50% de inversión total en investigación empresarial, especialmente para PYMEs. Cuando este financiamiento masivo se condiciona a “contribución climática”, la naturaleza de la investigación se transforma radicalmente. Los proyectos ya no compiten por excelencia técnica o potencial comercial sino por capacidad de demostrar alineación con agenda de descarbonización. Tecnologías de almacenamiento energético, captura de carbono, materiales “sostenibles”, y agricultura regenerativa reciben fondos garantizados: prácticamente cualquier propuesta en estas áreas encuentra financiamiento abundante. Esta abundancia atrae investigadores, empresas, y capital privado, creando ecosistema vibrante de innovación en áreas políticamente favorecidas. Simultáneamente, mejoras incrementales en tecnologías tradicionales eficientes -optimización de motores de combustión, eficiencia de procesos industriales térmicos- se perciben como “perpetuar paradigma obsoleto” y enfrentan rechazo sistemático.

    Un equipo que propone mejorar eficiencia de motores diésel -que impulsan transporte de mercancías y maquinaria agrícola sin alternativas viables- enfrenta denegación porque el proyecto “no se alinea con descarbonización”, ignorando que mejorar tecnologías existentes que seguirán usándose durante décadas genera impacto ambiental inmediato. La investigación en sectores “problemáticos” como aviación con combustibles fósiles o ganadería intensiva se estigmatiza: desarrollos en combustibles sintéticos para aviación (e-fuels) que permitirían descarbonización sin reemplazar flotas reciben financiamiento marginal comparado con hidrógeno verde a pesar de ser más viables técnicamente. La investigación médica que no incorpora “sostenibilidad”, innovaciones en materiales que mejoran propiedades sin reducir huella de carbono, o química fina que optimiza procesos sin cambiar matriz energética quedan marginadas por ausencia de etiquetado verde.

    Las empresas responden racionalmente: orientan departamentos de I+D hacia áreas subsidiadas independientemente de si son más prometedoras comercialmente. Un director de I+D enfrenta disyuntiva: invertir en investigación técnicamente superior pero sin cofinanciamiento público, o seguir el dinero hacia áreas “verdes” donde el Estado garantiza multiplicación de presupuesto. El resultado es sobreinversión en tecnologías favorecidas con cientos de equipos persiguiendo variantes similares (baterías de litio, prototipos de vehículos eléctricos), duplicando esfuerzos porque todos persiguen los mismos fondos abundantes. Simultáneamente, áreas con potencial significativo pero sin etiquetado climático quedan subinvestidas. Este ecosistema distorsionado donde recursos de investigación no reflejan fronteras de conocimiento científico ni oportunidades comerciales sino prioridades políticas replica errores de planificación central: burócratas en lugar de científicos y mercados determinan qué investigar, generando ineficiencia masiva y aumentando probabilidad de que apuestas políticamente determinadas resulten subóptimas mientras alternativas prometedoras quedan sin explorar.

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    CUANDO LA POLÍTICA INDUSTRIAL REEMPLAZA AL MERCADO

    La política industrial “sostenible” ha creado una economía dual donde sectores prosperan o mueren no según su viabilidad comercial sino según la decisión política de burócratas. Energías renovables, hidrógeno verde, movilidad eléctrica, y economía circular reciben subsidios masivos, acceso a crédito preferencial con tipos subsidiados, y protección regulatoria que garantiza rentabilidad independientemente de su eficiencia. Estos sectores no compiten en mercados libres sino en ecosistemas artificiales creados por el Estado donde cada proyecto “verde” accede a fondos públicos multiplicados. Simultáneamente, la industria intensiva en energía tradicional -siderurgia, cemento, química- absolutamente crítica para civilización industrial (no existe forma de construir infraestructuras sin acero y cemento) enfrenta costos crecientes mediante impuestos al carbono, exclusión de financiamiento público, y estigmatización que dificulta operar incluso proporcionando productos esenciales.

    La automoción de combustión, que todavía representa el 95% del parque móvil y continuará siendo mayoritaria durante décadas, enfrenta un cierre programado mediante prohibición de venta desde 2035. Esta industria que emplea millones debe reconvertirse radicalmente en menos de una década hacia tecnologías eléctricas que requieren menos componentes (30-40% menos empleo), concentran valor en baterías fabricadas en Asia, y sirven a segmentos de ingresos altos. Una empresa de componentes para motores diésel -tecnología que impulsa el transporte global de mercancías sin alternativas viables- no puede acceder a fondos públicos para modernización porque “perpetúa un paradigma obsoleto”, aunque mejorar la eficiencia de tecnologías que seguirán usándose masivamente durante 20-30 años genera reducción de emisiones inmediata y segura.

    Esta selección de ganadores y perdedores no emerge de dinámicas de mercado donde los consumidores determinan qué prospera mediante sus compras sino de decisiones políticas centralizadas. El Estado, mediante subsidios selectivos, regulación asimétrica, y condicionalidad de financiamiento, fuerza la reconversión industrial independientemente de las preferencias de consumidores o la viabilidad económica. Una empresa rentable que sirve a demanda real enfrenta costos crecientes y exclusión de financiación no por ineficiencia sino porque el Estado decidió que su sector debe desaparecer, mientras start-ups sin modelo de negocio viable reciben capital masivo porque incorporan palabras correctas. Esta ingeniería industrial centralizada destruye el conocimiento acumulado en sectores tradicionales, crea dependencia de cadenas de suministro internacionales (baterías chinas, paneles solares asiáticos), y concentra apuestas en pocas tecnologías elegidas políticamente en lugar de mantener una diversidad que permite adaptación. Es planificación soviética con características del siglo XXI: el Estado decide qué producir, pero mantiene una apariencia de mercado mediante arquitecturas de incentivos que hacen inviable cualquier desviación del plan central.

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    CUANDO LAS CARRETERAS RURALES PIERDEN CONTRA LOS CARGADORES ELÉCTRICOS

    España necesita inversión urgente en infraestructuras: carreteras deterioradas, redes hídricas envejecidas, puentes superando vida útil de diseño. Sin embargo, cuando llegan los fondos masivos del Plan de Recuperación, una comarca rural con carreteras peligrosas que necesitan mantenimiento urgente ve denegada su solicitud porque “mejorar carreteras no contribuye suficientemente a descarbonización”. Esos mismos fondos fluyen generosamente hacia zonas urbanas para instalar miles de puntos de recarga de vehículos eléctricos que actualmente sirven al 3-5% del parque automovilístico, beneficiando a minorías urbanas con ingresos suficientes para permitirse coches de 40.000 euros. Una familia rural que depende de su vehículo diésel porque no hay transporte público ve cómo sus impuestos subsidian infraestructuras que nunca usará, mientras las carreteras que recorre diariamente se deterioran progresivamente.

    Esta asignación perversa no responde a análisis técnicos de necesidad sino a criterios políticos donde la “contribución climática” pesa más que urgencia social o utilidad económica. El principio DNSH (Do No Significant Harm) otorga a burócratas poder discrecional para vetar infraestructuras alegando “impacto climático”, ignorando que una carretera segura es derecho básico independientemente de si suma “etiquetado verde”. Infraestructuras de hidrógeno verde -tecnología inmadura, costosa, y sin viabilidad comercial- reciben miles de millones porque encajan en narrativa de descarbonización, mientras puertos necesarios para importar gas natural se bloquean por “perpetuar combustibles fósiles”, ignorando que el gas es crítico para seguridad energética y respaldo de renovables intermitentes.

    La justicia distributiva se invierte completamente: poblaciones urbanas de ingresos altos reciben subsidios masivos para infraestructuras “verdes” que mejoran su calidad de vida, mientras poblaciones rurales y clases trabajadoras ven deteriorarse infraestructuras críticas para su subsistencia porque no generan narrativa climática. La “sostenibilidad” se convierte en transferencia regresiva que beneficia a privilegiados mientras margina a vulnerables, invirtiendo la retórica de “inclusión” que supuestamente guía estos programas. Cuando una política llamada “reconstrucción de infraestructuras” deja sin arreglar las que la mayoría usa para financiar las que minorías disfrutan, hemos perdido cualquier pretensión de equidad.

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