Todos los países que alcanzaron desarrollo económico -sin excepción- lo hicieron mediante industrialización basada en combustibles fósiles baratos, protección agresiva de industrias nacientes, y explotación intensiva de recursos naturales. Gran Bretaña quemó carbón masivamente durante la Revolución Industrial. Estados Unidos deforestó, contaminó ríos, y construyó imperios industriales sobre petróleo abundante. China se convirtió en potencia manufacturera mediante centrales de carbón y regulaciones ambientales mínimas. Esta fue la receta universal del éxito económico: energía barata, industrialización sucia, acumulación de capital, y solo después inversión en tecnologías más limpias.
Sin embargo, la agenda de “desarrollo sostenible” exige que países pobres actuales rechacen esta trayectoria probada. África, con reservas masivas de gas natural, debe renunciar a explotarlas. Asia debe saltar directamente a renovables intermitentes en lugar de carbón barato. América Latina debe preservar bosques que Europa y Norteamérica arrasaron hace siglos para convertirlos en tierras cultivables. La justificación es que “debemos aprender de errores históricos” y “evitar el camino sucio del desarrollo”, pero la realidad es que se está negando a países pobres acceso a la misma escalera que todos los países ricos utilizaron para subir, mientras se ofrece una alternativa teórica nunca probada a escala masiva.
Esta hipocresía se profundiza cuando consideramos las “oportunidades” diferenciales. Países desarrollados no enfrentaron presión internacional cuando industrializaban; pudieron contaminar libremente durante décadas. No existían organismos internacionales imponiendo condicionalidades sobre cómo debían desarrollarse. No dependían de “financiamiento climático” condicionado para construir infraestructuras. Tenían libertad absoluta para determinar sus propias prioridades. Países pobres actuales, por contraste, enfrentan arquitectura masiva de restricciones: cada proyecto requiere aprobación de organismos internacionales, cada inversión se condiciona a cumplimiento de estándares ambientales, cada decisión de desarrollo se subordina a criterios de “sostenibilidad” definidos por quienes ya se desarrollaron. No es solidaridad; es control disfrazado de preocupación ambiental.