Las certificaciones ISO 9000 e ISO 14000, introducidas en los años 90 como “estándares voluntarios internacionales”, representan el ensayo general del mecanismo que ahora perfeccionan los criterios climáticos: convertir lo formalmente opcional en prácticamente obligatorio mediante exclusión indirecta. Ninguna ley obligaba a certificarse, pero las grandes corporaciones comenzaron a exigir ISO como requisito para ser proveedor. Una PYME con producto excelente y precio competitivo no podía siquiera presentar oferta sin el sello ISO. Las administraciones públicas incorporaron certificación como criterio de valoración en licitaciones: no se prohibía participar sin ISO, pero ofertas certificadas recibían puntuación adicional que resultaba decisiva. En una década, ISO pasó de distintivo opcional a requisito de facto para operar en sectores enteros, logrando estandarización masiva sin imposición legal directa mediante arquitectura de incentivos que hacía certificación económicamente racional aunque no legalmente obligatoria.
El sistema actual de criterios climáticos y ESG replica este mecanismo pero a escala y coordinación sin precedentes. Multiplica recursos públicos involucrados (163.000 millones solo en España del PRTR vs costos marginales de ISO), expande coordinación supranacional (políticas vinculantes de UE vs adopción descentralizada de ISO), alcanza todos los sectores económicos sin excepción (vs ISO que afectaba principalmente B2B industrial), penetra sistema financiero completo (criterios ESG determinan costos de capital vs ISO que no afectaba financiación), y viene cargado de dimensión moral apocalíptica (“salvar el planeta” vs “buenas prácticas empresariales”) que hace resistencia políticamente costosa. Como ISO, los criterios climáticos se presentan como “voluntarios”: ninguna ley prohíbe operar sin cumplirlos. Pero mediante decisiones de contratación pública y privada, exclusión de financiamiento, y requisitos de cadena de suministro, se hace económicamente inviable no adoptarlos.
La lección de ISO es que este mecanismo funciona perfectamente para imponer estándares sin debate democrático explícito. Las empresas se “autorregulan” adoptando criterios porque el mercado lo exige, cuando en realidad el mercado fue moldeado por decisiones de grandes corporaciones y políticas de contratación pública. El Estado no impone directamente sino que crea marcos donde actores privados implementan la exclusión, diluyendo responsabilidad política. Dentro de 10 años, cuando criterios climáticos sean universalmente obligatorios, podremos decir técnicamente que “nadie fue obligado” porque empresas “libremente eligieron” adoptarlos para sobrevivir económicamente. ISO demostró que la obligatoriedad más efectiva es aquella que nunca se declara explícitamente sino que emerge “orgánicamente” de arquitecturas de incentivos diseñadas deliberadamente para hacer cualquier alternativa inviable. Los criterios climáticos son ISO con esteroides: el mismo mecanismo perfeccionado con recursos masivos, coordinación supranacional, y legitimidad moral que convierte resistencia en herejía climática.