La política industrial “sostenible” ha creado una economía dual donde sectores prosperan o mueren no según su viabilidad comercial sino según la decisión política de burócratas. Energías renovables, hidrógeno verde, movilidad eléctrica, y economía circular reciben subsidios masivos, acceso a crédito preferencial con tipos subsidiados, y protección regulatoria que garantiza rentabilidad independientemente de su eficiencia. Estos sectores no compiten en mercados libres sino en ecosistemas artificiales creados por el Estado donde cada proyecto “verde” accede a fondos públicos multiplicados. Simultáneamente, la industria intensiva en energía tradicional -siderurgia, cemento, química- absolutamente crítica para civilización industrial (no existe forma de construir infraestructuras sin acero y cemento) enfrenta costos crecientes mediante impuestos al carbono, exclusión de financiamiento público, y estigmatización que dificulta operar incluso proporcionando productos esenciales.
La automoción de combustión, que todavía representa el 95% del parque móvil y continuará siendo mayoritaria durante décadas, enfrenta un cierre programado mediante prohibición de venta desde 2035. Esta industria que emplea millones debe reconvertirse radicalmente en menos de una década hacia tecnologías eléctricas que requieren menos componentes (30-40% menos empleo), concentran valor en baterías fabricadas en Asia, y sirven a segmentos de ingresos altos. Una empresa de componentes para motores diésel -tecnología que impulsa el transporte global de mercancías sin alternativas viables- no puede acceder a fondos públicos para modernización porque “perpetúa un paradigma obsoleto”, aunque mejorar la eficiencia de tecnologías que seguirán usándose masivamente durante 20-30 años genera reducción de emisiones inmediata y segura.
Esta selección de ganadores y perdedores no emerge de dinámicas de mercado donde los consumidores determinan qué prospera mediante sus compras sino de decisiones políticas centralizadas. El Estado, mediante subsidios selectivos, regulación asimétrica, y condicionalidad de financiamiento, fuerza la reconversión industrial independientemente de las preferencias de consumidores o la viabilidad económica. Una empresa rentable que sirve a demanda real enfrenta costos crecientes y exclusión de financiación no por ineficiencia sino porque el Estado decidió que su sector debe desaparecer, mientras start-ups sin modelo de negocio viable reciben capital masivo porque incorporan palabras correctas. Esta ingeniería industrial centralizada destruye el conocimiento acumulado en sectores tradicionales, crea dependencia de cadenas de suministro internacionales (baterías chinas, paneles solares asiáticos), y concentra apuestas en pocas tecnologías elegidas políticamente en lugar de mantener una diversidad que permite adaptación. Es planificación soviética con características del siglo XXI: el Estado decide qué producir, pero mantiene una apariencia de mercado mediante arquitecturas de incentivos que hacen inviable cualquier desviación del plan central.